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La fiscal Diana Salazar dijo que esta investigación "es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado". La Fiscalía y la Policía de Ecuador adelantan desde la semana pasada el caso 'Metástasis', un operativo activado a escala nacional que forma parte de las investigaciones contra delitos de corrupción y de narcotráfico vinculados a funcionarios e instituciones del Estado que pertenecen a la delincuencia organizada en ese país suramericano. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, informó la semana pasada que este caso es "el más grande en la historia" de Ecuador que se ha realizado contra las redes de corrupción y narcotráfico que operan en ese país. "El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para ―a través del dinero mal habido― operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos", dijo Salazar, quien explicó que en los dos primeros días del operativo policial, realizaron 75 allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de Los Tsáchilas y Loja. En los procedimientos, que involucró a más de 900 agentes del Estado, las autoridades capturaron a 31 personas, entre ellos, jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, un general de la Policía en servicio pasivo y Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura quien ―al momento de los hechos― se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia. "Todos ellos habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas", indicó Salazar, sobre el caso que se desprende de una investigación realizada tras el asesinato del narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero, quien murió en un motín carcelario registrado en octubre de 2022 en el penal de Latacunga, provincia de Cotopaxi, que dejó al menos 15 reclusos muertos y decenas de heridos. A raíz de la muerte de Norero, las autoridades investigaron las conversaciones y contactos que el delincuente tenía en sus teléfonos celulares, y allí encontraron relaciones, negociaciones, entrega de sobornos, manipulaciones al sistema de justicia y corrupción de sus operadores. Además, los procesados habría conseguido beneficios en procesos judiciales, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otras irregularidades. "Estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado" A raíz de esas investigaciones, las autoridades determinaron diversos indicios de "una estructura criminal que está incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico", lo que demuestra, según la fiscal Salazar, la "descomposición estructural que campea en el país" con la participación de la delincuencia organizada en las instituciones públicas. "Con dinero obtenido de actividades ilegales, ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción", dijo la fiscal, quien adelantó que este operativo forma parte de una "una depuración", que seguramente recibirá como respuesta "una escalada de violencia" por parte de los criminales. La fiscalía logró incautar en los allanamientos unos 44.000 dólares en efectivo, tres armas de fuego, municiones, explosivos, 63 teléfonos celulares, documentos, computadores portátiles y retuvo un vehículo. En la audiencia de imputación de cargos, la fiscal Salazar presentó cerca de 40 pruebas, entre ellas "informes técnicos periciales de audio, video y afines", así como "miles de hojas" que detallan los vínculos de 'El Patrón' con las personas que ahora están detenidas, 16 de ellas en prisión preventiva y 15 con arresto domiciliario, según informó la Fiscalía. "Cuando se unen la corrupción y el narcotráfico, tenemos un verdadero cáncer en la sociedad. Este caso nos recuerda que no podemos darnos por vencidos y que entre todos podemos rescatar al país de las manos de la criminalidad. ¡No permitiremos la impunidad!", agregó Salazar. Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

Una investigación sobre narcotráfico salpicó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien señalan de haber recibido el apoyo de un capo de las drogas a cambio de favores futuros. QUITO — Una investigación de las autoridades que reveló la mayor infiltración del narcotráfico en el sistema judicial ecuatoriano ha salpicado al exvicepresidente Jorge Glas, a quien señalan de haber recibido el apoyo de un capo de las drogas a cambio de favores futuros. La fiscal general Diana Salazar aseguró el lunes que Glas —condenado por corrupción, aunque en libertad condicional desde 2022—, habría logrado salir de prisión gracias a que el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, alias “El Patrón”, sobornó con 250.000 a funcionarios judiciales. La funcionaria señaló en una entrevista en el canal Teleamazonas que, según sus investigaciones, una de las conversaciones extraídas de celulares ligados a Norero refiere que ese pago es un “favorcito” y que se lo “cobrarán cuando el señor Jorge Glas sea presidente”. Los señalamientos contra Glas, quien desde el fin de semana permanece en la embajada de México en Quito, se desprenden del llamado “ Caso Metástasis ”, descrito por las autoridades como la mayor operación contra la corrupción y el narcotráfico y que ha permitido detener a por lo menos 31 funcionarios judiciales, policías y abogados, incluidos Wilman Terán, el titular del órgano que supervisa a los jueces en el país, y el general Pablo Ramírez, quien hasta hace unos días fuera jefe de la Policía Antinarcóticos. Todos son señalados de recibir sobornos para proteger a “El Patrón” en 2022, un hombre acusado de ser capo de las drogas y sospechoso de financiar a algunos grupos criminales ecuatorianos y tener vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Glas goza de libertad condicional concedida por el juez Emerson Curipallo en relación con dos condenas por asociación ilícita vinculadas con sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y por un entramado de corrupción en la concesión de obras públicas. El juez Curipallo cumple prisión preventiva desde el viernes como procesado en el “Caso Metástasis”. “La situación del señor Jorge Glas tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas”, dijo Salazar en la entrevista con Teleamazonas. El pago que hizo Norero por 250.000 dólares, aclaró la fiscal, también habría beneficiado a Daniel Salcedo, prófugo de la justicia y acusado de peculado y de la venta ilegal de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Norero fue asesinado en 2022 en una cárcel de Ecuador. Salazar consideró que “parte de la estrategia de la delincuencia organizada es el control político” y una forma de obtener el control sobre las autoridades es “entregándoles favores para luego cobrárselos". La fiscalía también investiga a Glas en otro caso de supuesto peculado en la reconstrucción de obras en la provincia de Manabí, afectada por un terremoto de 2016, cuando ejercía el cargo de vicepresidente. Por ese caso la fiscal ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia la fijación de una fecha para la audiencia de formulación de cargos y ha pedido a la policía la localización y traslado de Glas a sus dependencias para cumplir diligencias investigativas, pero aclaró que no existe una orden de detención. El exvicepresidente no ha hecho declaraciones, pero en su cuenta de la red social X, antes Twitter, ha reproducido mensajes de sus correligionarios en respaldo a lo que él mismo ha calificado de “persecución política”. La Comisión Nacional Anticorrupción respaldó este lunes la investigación de la fiscalía en un comunicado y solicitó a “los segmentos honrados de la función judicial" que actúen frente a las denuncias. Ecuador pide a México la salida de Glas La cancillería de Ecuador aseguró el domingo que Glas se encuentra en la embajada de México en Quito, por lo que solicitó la colaboración del gobierno mexicano para que se le invite a salir del recinto, pues un eventual asilo sería ilegal, informó la dependencia. En una carta enviada el domingo a la embajada mexicana, el gobierno ecuatoriano señala que, “ante el requerimiento formulado por la Fiscalía General del Estado, se permite solicitar la urgente colaboración de las autoridades mexicanas, a fin de que se invite al citado ciudadano a abandonar dicha representación diplomática inmediatamente”. Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador pidió a la embajada mexicana información sobre las razones de la presencia de Glas en dicha sede diplomática, y añadió que espera su colaboración, pues “no sería lícita la concesión de asilo diplomático”, puntualizó. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México difundió un comunicado en X en el que informó que Glas se presentó el 17 de diciembre a la sede diplomática y solicitó su “ingreso y salvaguarda” por temor a “su seguridad y libertad personal”. Se le permitió acceso "en calidad de huésped”, sustentado en el marco jurídico mexicano de protección internacional de personas y otras normas constitucionales y legales, se agregó. De presentarse una solicitud formal de asilo político, el gobierno analizará y requerirá la información necesaria para proceder de acuerdo con los tratados internacionales, bilaterales, y el derecho internacional, concluyó. Glas fue vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, y fue reelegido en 2017 con el gobierno de Lenin Moreno, meses antes de ser condenado a prisión. Gracias a Voz de América, cadena aliada de noticias (https://www.vozdeamerica.com/) Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, en Ecuador, informaron sobre la instalación de las puertas biométricas para control migratorio en la terminal aérea, cuyo objetivo es acelerar el registro de los pasajeros ecuatorianos. Las autoridades del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, en Ecuador, informaron sobre la instalación de las puertas biométricas para control migratorio en la terminal aérea, cuyo objetivo es acelerar el registro de los pasajeros ecuatorianos. Estas puertas, que serían las primeras de este tipo en un aeropuerto del país suramericano, están disponibles en arribos internacionales. Para su uso, detallaron desde el aeropuerto, se debe tener pasaporte biométrico ecuatoriano, pase de abordar y ser mayor de edad. Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

La Fiscalía de Ecuador emitió este domingo una orden solicitando la localización y detención del exvicepresidente. El Gobierno mexicano ha confirmado que Jorge Glas acudió a su Embajada en Quito, luego de que la Fiscalía de Ecuador emitiera una orden de detención en su contra este domingo. Según expresaron las autoridades mexicanas en un comunicado, el exvicepresidente ecuatoriano se presentó en la sede de la Embajada de México en Quito para "solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal". La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana permitió el acceso a Glas en calidad de huésped. Sin embargo, indicó que, en caso de que Glas formalice una solicitud de asilo político, México la "analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte". La Fiscalía de Ecuador emitió este domingo una orden al comandante general de la Policía, César Zapata, solicitando la localización y detención de Glas. En el oficio se esboza que la inmovilización y traslado de Glas debe hacerse sin esposas y "dar cumplimiento a la práctica de varias diligencias investigativas", sin embargo, no se revela en el marco de qué caso. Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

La víctima sería Colin Armstrong, de 78 años, un reconocido empresario de la región. El cónsul honorario del Reino Unido en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Colin Armstrong, fue secuestrado este sábado en la provincia de Los Ríos, indicaron los medios locales. Los delincuentes habrían ingresado a su hacienda, ubicada en el cantón Babahoyo. Cerca de 15 hombres entraron y se lo llevaron a él, junto a su acompañante, una mujer de nacionalidad colombiana. La Policía no identificó a la víctima de la agresión, pero dijo que los agentes estaban investigando un presunto delito contra un empresario en la provincia de Los Ríos. En redes sociales se difundió un video del momento del secuestro; sin embargo, aún no se ha confirmado su autenticidad. Armstrong, de 78 años, también es un reconocido empresario de la región, que se desempeña como presidente de Agripac, una firma dedicada a la venta de agroquímicos. El coronel William Calle, jefe de la Policía en Los Ríos, detalló que unidades especializadas están ejecutando labores operativas y de investigación en la zona. Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

La decisión hace parte de los esfuerzos de su Gobierno por robustecer el Plan Fénix, con el que busca combatir el crimen organizado, el lavado de activos y mejorar el manejo de las cárceles. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la expulsión del país de los extranjeros recluidos en cárceles nacionales que tengan sentencia ejecutoria de cinco años o más, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, precisando que alrededor de 1.500 personas ingresaron al país "a delinquir". "Este es un país de paz que invita a todo el mundo a visitarlo, incluso hay gente que viene con todas las ganas de trabajar y de hacer las cosas bien; pero los que vienen a hacer las cosas mal se van", afirmó este viernes Noboa durante una reunión de seguridad en el cantón Durán, en la provincia de Guayas. Continuando con el tema carcelario, el mandatario señaló que, como había prometido en campaña, se construirán cárceles de máxima seguridad con base en modelos exitosos de otros países. En este sentido, anticipó que la edificación de estos establecimientos tomará de 10 a 12 meses. "Esperamos ya empezar en febrero y será en zonas aisladas para desconcentrar lo que hoy en día se ha convertido en la fábrica del crimen que es la Penitenciaría del Litoral", aseveró. La visita de Noboa a la zona, considerada crítica en temas de seguridad, hace parte de los esfuerzos de su Gobierno por robustecer su llamado Plan Fénix, con el que busca combatir el crimen organizado, el lavado de activos y mejorar el manejo de las cárceles para restablecer la paz en el país. En este contexto, Noboa revisó la hoja de ruta y el plan de acción con los puntos más importantes, "teniendo especial atención en el cantón Durán", detalló la Presidencia. "Haremos un trabajo en conjunto con los diferentes niveles de Gobierno para recuperar Durán y otras zonas cercanas que están directamente involucradas con terrorismo, narcotráfico, trata de personas y delincuencia común", manifestó Noboa. En este sentido, el presidente indicó que policías y militares trabajarán como una unidad de inteligencia unificada en los monitoreos que se efectúan en el país, y que tanto EE.UU. como Israel brindarán equipos y capacitación, teniendo en cuenta el carácter transnacional del crimen organizado. Asimismo, como parte de la iniciativa Fénix, se militarizarán los puertos, se intensificarán los operativos fronterizos y habrá suministro de armamentos, radares, entre otros. Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

El presidente Daniel Noboa felicitó a las autoridades por la detención. De acuerdo con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, la Policía ya tiene identificados a todos los responsables. La Fiscalía General de Ecuador informó de la captura y procesamiento judicial de uno de los presuntos involucrado en el asesinato a tiros por error de cuatro niños pequeños y su madre este lunes a manos de sicarios en Guayaquil. El sindicado, identificado como Byron Steven M. B., alias 'Borrego', fue aprehendido en la noche de este miércoles gracias a la versión de un testigo del crimen. En una audiencia de flagrancia al día siguiente, se dictó prisión preventiva contra 'Borrego' y se emitió una orden de traslado a la Penitenciaria del Litoral. De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el delito de asesinato establece penas de entre 22 y 26 años de cárcel. Al mismo tiempo, las autoridades judiciales dispusieron medidas de protección para el padre y esposo de las víctimas y el testigo del caso. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, felicitó a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y a la Policía Nacional por la captura del implicado, señalando que 'Borrego' tiene antecedentes criminales. "Para combatir la violencia, debemos enfrentar la impunidad (...) Ningún crimen quedará impune", escribió en la red social X. Palencia, quien indicó que "las acciones policiales continuarán", manifestó a través del Ministerio del Interior que las fuerzas del orden han llevado a cabo más de 10 allanamientos y ya tienen identificados a los responsables de los asesinatos. El ataque Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio de Guasmo Sur, en el sureste de la ciudad costera, donde un grupo de hombres armados ingresó y acribilló a un bebé de cinco meses y sus hermanos de tres, cinco y siete años. El padre de los pequeños terminó con una leve herida en la nuca y la madre, que recibió tres disparos, falleció en un hospital cerca de la medianoche del miércoles. La Policía indicó que el ataque no iba dirigido a esa familia, sino a unos criminales que residían en una casa adyacente, en donde encontraron material "para realizar atentados con explosivos". Se cree que se trata de miembros de una banda delictiva conocida como Los Lagartos. Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

En paralelo, trabajadores electorales reclamaron el pago por las labores realizadas en los comicios de agosto pasado. La mañana de este miércoles, representantes de cooperativas de vivienda se plantaron pacíficamente frente al Palacio de Gobierno de Ecuador para demandar al presidente Daniel Noboa la derogación de un decreto que estipula la liquidación de sus asociaciones, tras haberse cumplido el plazo establecido por las autoridades para protocolizar su registro. "Lamentablemente, vienen con los liquidadores a las cooperativas a asaltarnos (…). Nos acabamos de enterar que hasta nos sacan el dinero de nuestra cuenta, el dinero que hemos ahorrado con nuestro sacrificio para tener un bien inmueble", declaró una vocera ante Radio Pichincha. La cooperativista apuntó que si bien es cierto que las asociaciones afectadas tienen funcionando más de cinco años, la demora en su legalización es directamente atribuible a la burocracia estatal y no a la inacción de las cooperativas de vivienda. "Lamentablemente, esto no depende de los dirigentes ni de los socios: depende de las mismas autoridades, porque para legalizar un barrio se necesita ingresar al municipio, al registro de la propiedad y (…) cosas que se tienen que hacer con las autoridades mismas, no es que se hace de la noche a la mañana", argumentó. Los cooperativistas de vivienda no protestaron solos. En otro costado del Palacio de Carondelet, trabajadores electorales reclamaban el pago de los servicios que prestaron en las elecciones anticipadas del pasado agosto. En este caso, funcionarios de la Presidencia escucharon a los manifestantes y propusieron la firma de un acuerdo, que sería entregado a título de exigencia ante el Ministerio de Finanzas, para conseguir los recursos que se necesitan para honrar la deuda. ¿Qué establece la normativa de cooperativas? En febrero de 2021, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), instancia que controla a las cooperativas en Ecuador, estableció los requisitos y el procedimiento que debían seguir estas organizaciones para adecuar sus estatutos y fijó un plazo de 18 meses para completar los trámites. El lapso se mantuvo en una modificación publicada por la SEPS en mayo de 2022, pero en noviembre de 2023 se invocó la jurisprudencia para decretar que "las organizaciones y entidades que no adecuaren sus estatutos a las disposiciones correspondientes, estarán prohibidas de ejercer sus actividades y estarán incursas en causal de liquidación y disolución", según se lee en la versión más reciente de la norma. Las cooperativas de vivienda constituyen desde hace varias décadas un medio preferente para acceder a un inmueble propio entre los ecuatorianos de escasos recursos, y la liquidación, si bien es perfectamente posible, es un trámite voluntario. Las cooperativas pueden liquidarse voluntariamente ante la SEPS con el visto bueno de las dos terceras partes de sus socios, en decisión tomada en una asamblea en la que concurra el quorum mínimo establecido. Como causales de liquidación figuran el cumplimiento de su propósito, inactividad comprobable por dos años consecutivos, la reducción del número de socios por debajo del mínimo estipulado legalmente y haberse mantenido en esa condición durante un año consecutivo, la fusión con otra cooperativa, el quebrantamiento de las leyes de la República o la quiebra. Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

El exfuncionario fue citado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para rendir cuentas por los cortes eléctricos. Fernando Santos Alvite, último ministro de Energía del expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso, aseguró este lunes que el exmandatario no era el responsable directo de la crisis energética que atraviesa el país suramericano y, en su lugar, culpó de la situación al modelo de Estado consagrado en la Constitución. "Esta no es una crisis coyuntural, esta es una crisis estructural. ¿Qué está pasando en el país? El país crece, la demanda de energía crece, pero la oferta no sigue al mismo ritmo desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, el suministro energético es un monopolio del Estado, solo por excepción puede entrar el sector privado (…) Se quedó sin dinero y ahí está: la generación se estancó y la demanda siguió creciendo. Cada año esto va a ser peor", argumentó ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo. Del mismo modo, Santos Alvite refirió que la Administración pasada optó por establecer un Comité de Emergencia para atender el déficit energético. "El presidente de la República tiene otras cosas que hacer, para eso hay ministros. Pero tampoco el ministro es un señor con una varita mágica que dice: 'hágase una planta'. No, no, es un equipo", defendió. En la misma línea, recalcó que si bien no era responsabilidad de Lasso, él empleó su posición para negociar directamente con el Gobierno de Colombia la venta de energía. "El presidente de la República estaba tan consciente, que aún no siendo su responsabilidad, él se fue a Colombia para tratar de por lo menos conseguir que no nos cierre Colombia completamente la venta (…) Hasta donde la memoria no me falla, el presidente (Gustavo) Petro nos dijo: 'les doy electricidad hasta el 31 de diciembre de 2023, porque yo también estoy con problemas de sequía'". Burocracias y Colombia Desde la perspectiva del extitular de Energía ecuatoriano, los permisos ambientales, la burocracia y las limitaciones de exportación impuestas por Colombia derivadas de su propio modelo económico, se conjugaron para empeorar un problema estructural. "Fuimos a negociar que no se prohíba. Ya se prohibió que se venda energía a Ecuador, energía proveniente de fuentes hídricas (…) No es un problema eléctrico, es un problema de alimentación. El 40 % de los peces que se consumen en Colombia, son cultivados en los embalses que tienen las plantas eléctricas", abundó. De otro lado, aunque reconoció que Quito está pagando la energía a un precio superior al valor de mercado, recargó esta responsabilidad a Bogotá: "Conminé a las autoridades colombianas, de acuerdo a sus leyes y de acuerdo al mercado –hay una bolsa de valores donde se fija el precio– y el Estado ecuatoriano no tiene nada que ver en esa aplicación del precio. Es alto, es caro", aseveró. Desde el pasado octubre, la nación suramericana registra apagones, lo que obligó al entonces Ejecutivo de Guillermo Lasso a admitir que se enfrentaban a una crisis eléctrica de gran calado que traería racionamientos. Como medidas paliativas se cerraron acuerdos de compra de 450 megavatios a Colombia y de 50 más desde Perú, al tiempo que particulares de la capital y Guayaquil ofrecieron aportar 100 megavatios adicionales. Mientras, el recién estrenado Gobierno del presidente Daniel Noboa, prometió el envío a la Asamblea Nacional de una reforma energética, cuyo objetivo, dijo, sería "terminar con los apagones". Gracias a https://actualidad.rt.com/ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

En un gigantesco operativo, agentes de la Fiscalía ecuatoriana detuvieron el jueves a 29 personas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, entre otros, vinculados a una investigación sobre delincuencia organizada y narcotráfico. QUITO — Los ecuatorianos amanecieron el jueves en medio de un nuevo escándalo de corrupción y narcotráfico, como parte de la peor crisis en seguridad de los últimos tiempos. La Fiscalía General informó que como parte del denominado caso “Metástasis” fue detenido en las últimas horas el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. La Judicatura es el órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial. Mediante un video publicado esta madrugada en la red social X, la fiscal general, Diana Salazar, explicó que en el operativo contra el crimen organizado se realizaron 75 allanamientos en siete provincias y participaron cerca de 900 personas, entre fiscales y policías. La investigación alcanza a 29 personas, entre las que se encuentra el exdirector del servicio carcelario y de la Dirección Antidrogas de la Policía Pablo Ramírez, un general con más de 30 años de servicio, dado de baja por el presidente Daniel Noboa días atrás, como parte de un proceso de depuración institucional. Además, a otros funcionarios de la Judicatura, cortes de justicia, la Fiscalía, abogados y líderes de la estructura criminal, según la fiscal. De acuerdo con la versión oficial, la investigación surgió tras el asesinato -durante un motín carcelario en octubre de 2022- de Leandro Norero, un presunto narcotraficante. “Se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico”, explicó la fiscal general, Diana Salazar. El principal investigado es Wilman Terán, cuya vivienda fue allanada por la Policía y los fiscales. En breves declaraciones divulgadas también en X, dijo que se trata de una “persecución” y respondió que existe “una red de corrupción en la Fiscalía”. Añadió que se han producido en el país casos con evidente corrupción en los que “campea la impunidad”. En los últimos meses, Terán ha mantenido marcadas diferencias con representantes de otros organismos del Estado, entre ellos, la propia fiscal general, que se enfrenta a la posibilidad de ser interpelada políticamente en la Asamblea Nacional, tras una iniciativa que lidera el movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa. La fiscal Salazar fue recibida hace menos de un mes en Washington por su par estadounidense Merrick Garland, para tratar temas vinculados con la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la corrupción. El caso “Metástasis” también se produce menos de una semana después de que el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, advirtiera en Quito -durante una conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción- que “La legitimidad y la integridad judicial para la defensa de una democracia justa sigue en riesgo”. Durante el encuentro, el diplomático estadounidense, que habló meses atrás de la presencia de “narcogenerales” en la Policía Nacional, exhortó al nuevo gobierno ecuatoriano a que promueva cambios para una “verdadera implementación” de la extinción de dominio, a fin de incautar bienes provenientes de la corrupción y el crimen organizado. Gracias a Voz de América, cadena aliada de noticias (https://www.vozdeamerica.com/) Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

En los últimos tres años Ecuador ha vivido una escalada vertiginosa de una violencia que las autoridades han atribuido a la presencia de grupos vinculados con poderosos carteles de Colombia y México. QUITO — La Fiscalía ecuatoriana investiga el asesinato de cuatro niños en una barriada pobre de Guayaquil, en un ataque a balazos que dejó heridos a sus padres en medio de una incontrolable ola de violencia desatada por bandas criminales asociadas con el narcotráfico. En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la Fiscalía señaló este martes que empezó de oficio las pericias por el crimen de los niños ocurrido la noche del lunes en el sector denominado Guasmo Sur. El comandante de la policía de Guayaquil, coronel Víctor Herrera, dijo que los criminales “se equivocaron de vivienda y objetivo” porque las víctimas son “una familia cristiana, cuyos adultos carecen de antecedentes penales”. "Los niños asesinados tenían cinco meses, tres, cinco y siete años”, señaló y añadió que esa institución “está consternada por el atentado”. En esa populosa barriada en el sur de Guayaquil a diario se registran asesinatos, secuestros, extorsiones y otro delitos vinculados con bandas del crimen organizado que se disputan zonas de distribución de drogas. Las bandas locales han desafiado al Estado ecuatoriano a través de una ola de actos de violencia como la explosión de vehículos y recurrentes actos criminales, tanto en las calles como en las cárceles. En 2022 el país superó el récord de muertes violentas con una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, equivalente a unas 4.600 muertes, que lo colocaron entre los países más peligrosos de la región, según estadísticas oficiales. Desde 2021 y hasta 2023 en las cárceles se han registrado 450 reclusos asesinados durante enfrentamientos sangrientos entre bandas, que según las autoridades se generan por la disputa de poder y control del interior y de esos sitios. En tanto, entre enero y noviembre se han decomisado 206 toneladas de narcóticos, cinco toneladas más que en todo el año 2022, de acuerdo con cifras de la policía. Gracias a Voz de América, cadena aliada de noticias (https://www.vozdeamerica.com/) Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.

Durante las últimas dos semanas de diciembre se suspenderán temporalmente los racionamientos eléctricos en Ecuador. QUITO — La última quincena del año se suspenderán temporalmente los racionamientos eléctricos en Ecuador, aunque la duración de esta decisión estará atada a las lluvias y a la capacidad de generación hidroeléctrica, afirmó el lunes la ministra de Energía, Andrea Arrobo. En una comparecencia ante una comisión legislativa la funcionaria afirmó que con la planificación alcanzada "tenemos previsto suspender los apagones para la época de fiestas”, al tiempo que precisó que “sabemos que es una época importante en que no pueden haber apagones”. Añadió que tras las fiestas se reanudarán los cortes de energía, pero que la medida será evaluada de acuerdo con las lluvias. Entre enero y noviembre el país ha gastado 220 millones de dólares en pagos por importación de electricidad desde Colombia, un 35 % más que el mismo lapso del año pasado. El 27 de octubre el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso decretó el inicio de los racionamientos de energía eléctrica, argumentando que el país atravesaba la peor sequía del último medio siglo. Al inicio los cortes fueron de cuatro horas para la zona andina y de tres para la zona tropical, luego quedaron en dos y una hora diaria, respectivamente. La sequía ocasionó una reducción del 90 % de los caudales de los ríos que alimentan a las centrales de generación hidroeléctrica, según el gobierno. Al inicio del racionamiento el país registraba una demanda diaria de 4.682 megavatios y un déficit de generación de 450 megavatios. Los apagones se producen únicamente cuando hay luz natural para no contribuir en horas de la noche a la aguda inseguridad que atraviesa el país causada por bandas criminales nacionales e internacionales, asociadas con el narcotráfico. Lasso dejó el poder el 23 de noviembre y fue reemplazado por Daniel Noboa, quien mantuvo los cortes de energía. Gracias a Voz de América, cadena aliada de noticias (https://www.vozdeamerica.com/) Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads.