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El mandatario Guillermo Lasso y los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine sostuvieron un encuentro para ventilar el estado de cooperación entre Ecuador y EEUU. Dos senadores demócratas de Estados Unidos se reunieron el lunes con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en la capital de ese país latinoamericano. Tras la reunión, trascendió un acuerdo por estrechar lazos económicos y en favor de la democracia. “Los Estados Unidos son nuestros amigos y siempre defenderemos esos principios y valores de la democracia liberal con independencia de poderes, humanista, que tiene perfectamente claro que su objetivo es proteger a los ciudadanos, especialmente, a los más vulnerables”, afirmó Lasso, según comunicado de la presidencia. Otros temas abordados fueron desarrollo, seguridad, migración e inversiones, según trascendió. Por Estados Unidos, el senador Bob Menéndez, legislador de más alto rango del Comité de Relaciones exteriores de la Cámara Alta, afirmó que Washington "siempre apoyará a los líderes democráticos que comparten nuestros valores". Menéndez dijo más tarde por medio de un tuit sentirse honrado con el recibimiento de Lasso y de su canciller, Gustavo Manrique, e informó que el encuentro sirvió para discutir iniciativas conjuntas "para promover la seguridad y la prosperidad económica" de ambas naciones. A Menéndez lo acompañó el también senador demócrata Tim Kaine. Lasso enfrenta la peor crisis en sus casi dos años de mandato. En poco más de un mes se enfrentará a un juicio por corrupción, lo que fue aprobado días atrás por la Asamblea Nacional de su país, aunque -técnicamente- es poco probable una destitución antes de que el Ejecutivo disuelva la Asamblea, algo que advierten los expertos que podría suceder. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Tras su imputación de cargos el expresidente indicó en un acto en Florida: “El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación de quienes buscan destruirla”. WASHINGTON — El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente el martes en un tribunal del estado de Nueva York de la imputación de 34 cargos que lo acusan de falsificar registros comerciales para ocultar un delito no especificado, descrito por los fiscales como un intento de ocultar un pago de dinero secreto a una actriz porno en su intento por ganar la presidencia en 2016. En el primer caso penal contra un líder actual o anterior de Estados Unidos, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, alegó en una "declaración de hechos" que acompañaba a la acusación que Trump "falsificó de forma repetida y fraudulenta los registros comerciales de Nueva York para ocultar conductas delictivas que ocultaban información dañina" del público votante durante las elecciones presidenciales de 2016". Como parte del plan, según la declaración adjunta, Trump supuestamente orquestó un pago secreto de 130.000 dólares a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels justo antes de las elecciones para silenciarla sobre su reclamo de una cita de una noche con Trump una década antes. Trump ha negado durante mucho tiempo la relación sexual, pero no el pago. Además, la acusación alega que, con el apoyo de Trump, los aliados políticos de American Media Inc., el editor del tabloide de supermercado National Enquirer, pagaron 150.000 dólares a Karen McDougal, la Playmate del año de 1998 de la revista Playboy, para comprar su cuenta escrita en la que afirmaba que había una aventura de meses con Trump en 2006 y 2007 y luego eliminar el artículo. Trump también ha negado la afirmación de McDougal de que tenía una relación con él. Después de la lectura de cargos de Trump, el fiscal Bragg dijo que Trump participó en el esquema de "atrapar y matar" en el tabloide para comprar y suprimir información negativa sobre él antes de las elecciones de 2016 para "ayudar a que Trump tenga posibilidades de ganar". La hoja informativa que acompaña a la acusación también alega que el tabloide pagó 30.000 dólares a un portero en Trump Tower, la residencia y oficina del expresidente en Nueva York, para suprimir su afirmación de que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio, de lo que el tabloide se dio cuenta más tarde fue infundado. Trump, sus abogados y muchos republicanos han afirmado que Bragg, un fiscal demócrata electo, está participando en una "cacería de brujas política". Uno de los abogados de Trump, en breves comentarios después de la audiencia, dijo que los cargos indican que el Estado de derecho estaba "muerto" en Estados Unidos. Reacción de Trump Horas después de su comparecencia ante el tribunal en la ciudad de Nueva York, Trump le dijo a una multitud dentro de su resort privado en Mar-a-Lago en el estado de Florida que "nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos". El expresidente agregó: “El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación de quienes buscan destruirla”. Bragg debería ser procesado por filtrar documentos del gran jurado o, como mínimo, renunciar, dijo Trump del fiscal de distrito de Manhattan, quien presentó las casi tres docenas de cargos por delitos graves en su contra, sugiriendo que el caso se presentó para interferir con las elecciones presidenciales de 2024. Las encuestas muestran que Trump lidera cómodamente a todos los demás contendientes declarados y anticipados para la nominación del Partido Republicano del próximo año. Trump, durante su discurso de 25 minutos, también atacó verbalmente al juez en su caso penal. “Tengo un juez que odia a Trump con una esposa y una familia que odian a Trump”, dijo el expresidente del juez interino de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan. Trump también habló de otros problemas legales que enfrenta en Nueva York y Georgia, así como del asunto de un fiscal especial que investiga si violó la Ley de Registros Presidenciales al llevar documentos clasificados a su casa en Florida después de dejar la Casa Blanca. En todos esos otros casos, afirmó Trump, no hizo nada malo. Bragg dijo que su oficina tiene un historial de "hacer cumplir enérgicamente los delitos de cuello blanco" y que mantener registros comerciales precisos es especialmente importante en Nueva York, el centro financiero del mundo. Cada uno de los 34 cargos en la acusación se relaciona con las entradas que Trump supuestamente hizo en sus libros corporativos que registran los pagos realizados a Michael Cohen, su antiguo abogado y mediador político, para reembolsarlo por usar sus propios fondos para realizar el pago a Daniels. Cohen se declaró culpable de delitos relacionados con el pago a Daniels y cumplió más de un año de prisión. Si bien alguna vez fue leal a Trump, luego se volvió contra él, testificando ante el gran jurado que investiga el caso, y se espera que sea un testigo clave en el eventual juicio de Trump. Pero el juicio podría tardar hasta un año, en medio del intento de Trump de ganar la nominación presidencial republicana de 2024 y recuperar la Casa Blanca. Los abogados de Bragg pidieron un juicio en enero de 2024, pero un abogado de Trump sugirió que su equipo de defensa podría necesitar hasta la próxima primavera para prepararse. La próxima cita programada en la corte en el caso es el 4 de diciembre. Trump se declaró inocente en su comparecencia ante Merchan después de que el jurista revelara la acusación. No hubo transmisión televisiva en vivo del procedimiento después de que Merchan rechazó las solicitudes de los medios de comunicación para transmitirlo. Pero la justicia permitió que un pequeño grupo de fotógrafos tomara fotografías antes de que comenzara el proceso. El expresidente, vestido con su habitual traje azul y corbata roja, parecía sombrío, atento y contemplativo en una foto tomada momentos después de tomar asiento entre sus abogados defensores en la mesa de los acusados. Sus abogados defensores Todd Blanche, Susan Necheles y Joe Tacopina se sentaron a ambos lados de él mientras los guardias de seguridad armados de la sala del tribunal estaban detrás de él. Trump ha negado durante mucho tiempo la afirmación de Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, quien dijo que tuvo un encuentro de una noche con él después de que se conocieron en un torneo de golf en 2006. Pero Trump no ha negado que Cohen haya hecho el pago a Daniels y que los pagos de reembolso a Cohen se registraron en un libro de contabilidad comercial de la Organización Trump como gastos legales. Trump niega que el pago estuviera relacionado con su campaña presidencial hace siete años. Los abogados de Trump dicen que no tiene intención de negociar un acuerdo de culpabilidad en el caso. El resultado de un juicio podría depender de la intención detrás del pago a Daniels. Desde su acusación el jueves, la campaña de Trump dijo que ha recaudado 8 millones de dólares y registró más de 16.000 inscripciones de voluntarios, que el portavoz de la campaña Steven Cheung dijo que eran "indicadores clave de que los estadounidenses de todos los orígenes están hartos y cansados de la militarización del sistema de justicia contra el presidente Trump y sus seguidores". El expresidente también enfrenta otras investigaciones criminales que podrían resultar en más cargos en su contra o posiblemente exonerarlo de irregularidades. Incluyen investigaciones federales de sus esfuerzos para revertir su derrota en la reelección de 2020 ante Biden, incluido el papel de Trump al alentar a los partidarios a tratar de impedir que el Congreso certifique la victoria de Biden el 6 de enero de 2021, y su retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago. Se le pidió que entregara el material a los Archivos Nacionales cuando dejara el cargo. Mientras tanto, en un caso más limitado, un fiscal en el estado sureño de Georgia está investigando los esfuerzos de Trump allí para revertir la victoria de Biden cuando Trump pidió a los funcionarios electorales estatales que "encontraran" suficientes votos para reclamar la victoria. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Las personas que intentaron ingresar a las instalaciones fueron contenidas por militares, dijeron en su propia declaración las Fuerzas Armadas, y agregó que algunos soldados resultaron heridos. QUITO — La petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, dijo el jueves que activó protocolos de seguridad y evacuó a su personal operativo en un bloque en la Amazonia, luego de que unas personas de la zona intentaron tomarse sus instalaciones. "Petroecuador informa que activó los protocolos de seguridad, como parte de la declaratoria de Fuerza Mayor que rige actualmente en estas operaciones", dijo en un comunicado. "Las autoridades de la estatal petrolera dispusieron la inmediata evacuación del personal operativo para ponerlos a buen recaudo", añadió. "En el bloque también se evidenció la sustracción de cables y objetos". Las medidas de fuerza mayor para dos de los cuatro bloques que estaban sujetos a la declaración, los Bloques 61 y 43-ITT, se levantaron a fines de marzo, mientras que se espera que la medida se levante en el Bloque 12 después de un acuerdo para financiar estudios de proyectos de vivienda. La declaración de marzo significa que el país deberá reducir su objetivo de producción a un máximo de 490.000 barriles por día (bpd), dijo el ministro de Energía, Fernando Santos, desde los 520.000 bpd anteriores. La producción de Ecuador fue de poco más de 464.000 bpd el miércoles, según cifras oficiales. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

El Ministerio de Defensa deberá emitir una autorización para su porte y determinar el tipo de arma a la que podrán acceder. QUITO — La población civil en Ecuador podrá portar un arma para su defensa personal siempre que obtenga una autorización tras cumplir determinados requisitos, dijo el lunes el Gobierno, mientras los ciudadanos se muestran divididos frente a la medida que busca frenar una creciente delincuencia en el país andino. El presidente conservador Guillermo Lasso autorizó el fin de semana la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, así como los aerosoles de gas pimienta, como una medida contra la inseguridad que azota a Ecuador. Lasso ha estado luchando contra el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles, que el gobierno atribuye a las bandas de narcotraficantes. Cientos de presos han fallecido tras riñas en las cárceles y las muertes por violencia han subido en el último año. "Se trata de un porte de armas controlado, con autorización, con requisitos", dijo el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, a un canal local. "No se está armando a la población, se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo los requisitos". Las personas mayores de 25 años, sin antecedentes penales y que aprueben un examen psicológico serán los autorizados para portar un arma en el país, según el decreto firmado por Lasso el sábado. Varias universidades del país publicaron en Twitter su rechazo a la medida, argumentando que podría generar aún más violencia en el país sudamericano y pidieron al gobierno políticas públicas que promuevan la paz. "Es algo ilógico que el presidente tome esta medida tan drástica y radical", dijo Franco Carrión, de 30 años. "La gente se va a descontrolar y se va a comenzar a matar". "En vez de contribuir está fomentando la violencia en el entorno social para la gente", dijo. En la ciudad de Guayaquil, una de las más violentas de Ecuador, la tasa de homicidios se ubicó en 17,43 por cada 100.000 habitantes en los tres primeros meses del año, lo que implica un aumento del 69% frente al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. "De alguna manera va a contener la delincuencia y el ciudadano estará de alguna forma protegido", dijo Miguel Rodríguez, un empleado privado de 69 años. "Es una buena propuesta". Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Las medidas forman parte de una “cruzada” por la seguridad en medio de un aumento de hechos delictivos en el país. CIUDAD DE MÉXICO — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció el sábado que se autoriza el porte y tenencia de armas de uso civil para defensa personal, tras un aumento de la inseguridad en el país. También declaró un estado de excepción en Guayaquil y sus alrededores, la ciudad costera azotada por la delincuencia, que incluye un toque de queda nocturno desde la 1:00 de la madrugada. “Ecuatorianos, tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Lasso en un mensaje televisado antes de anunciar la modificación del decreto que regula el uso de armas para autorizar que los civiles puedan tener y portar armas y utilizarlas para su defensa personal, así como el uso de aerosoles de gas pimienta con el mismo fin. Las medidas, parte de lo que llamó una “cruzada” por la seguridad, suceden un día después de que en Guayaquil a un hombre le fueron adheridos explosivos a su cuerpo en una suerte de chaleco improvisado durante varias horas hasta que la policía pudo retirárselos y desactivarlos. El viernes, también fue hallado muerto en la población de Punta Blanca, en una de las zonas de playa más cercanas a Guayaquil, un sospechoso en una trama de corrupción que rodea al propio mandatario. “Los guardias de seguridad privada apoyarán a la policía nacional en las tareas de vigilancia y seguridad portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo”, agregó Lasso. “Siento como ustedes la preocupación por la inseguridad; para el gobierno ecuatoriano, su paz y tranquilidad son vitales”, aseveró. Se prohíbe, en paralelo, la fabricación y porte de armas artesanales. En Guayaquil, se cerró el trimestre con 555 homicidios intencionales, según cifras del ministerio de Gobierno. Lasso dijo haber reforzado el personal policial con 130 vehículos repotenciados (rehabilitados) y 400 agentes nuevos. A lo que se suman ahora las Fuerzas Armadas tras declarar estado de excepción en la ciudad y sus alrededores e imponer un toque de queda desde la 1:00 hasta las 5:00 de la madrugada. Según el presidente, las autoridades han “identificado 15 objetivos de alto valor,”, que están bajo vigilancia. “Los vamos a capturar”, auguró. Además, dijo que seis más ya han sido detenidos, entre ellos un “cabecilla de Los Lobos”, en referencia a una de las bandas criminales que, según las autoridades, forman parte del crimen organizado relacionado al narcotráfico y que están detrás del auge de violencia en el país en los últimos años. Un juez, reprochó el mandatario, “hoy liberó al Gordo Lucho, otro cabecilla de Los Lobos”. Desde que comenzó su mandato en mayo de 2021, el gobierno de Guillermo Lasso ha recurrido a declaraciones de excepción en varias ocasiones en respuesta a ataques y al repunte de violencia. Las autoridades atribuyen el aumento de la inseguridad en el país a la pugna de territorios entre bandas de criminales relacionadas con el narcotráfico y los episodios de enfrentamientos con muertos en las cárceles del país. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, enfrenta una situación compleja que podría resultar en su eventual destitución por parte de la Asamblea Nacional, que recibió luz verde para comenzar un juicio político en su contra. MIAMI, EEUU — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, será enjuiciado por supuestos delitos de corrupción ante la Asamblea Nacional, en un proceso que recibió luz verde por la Corte Constitucional ecuatoriana y podría resultar en la destitución del mandatario. El Parlamento tiene ahora un plazo de 45 días para completar el juicio político a Lasso, en un procedimiento que comenzó el viernes, solo dos días después de la sesión extraordinaria de la Corte, que aprobó la solicitud de la Asamblea con seis votos a favor sobre tres en contra. "Lo que corresponde ahora es pasarlo (el proceso) a la Comisión de Fiscalización (de la Asamblea), que tiene 30 días para tramitar el juicio dividido en tres períodos de diez días cada uno. Diez días para notificar al presidente y pedirle que presente las pruebas de la que se cree asistido, igualmente a los acusadores", explicó a la Voz de América el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Darwin Pereira. A partir de este primer periodo, seguirán "diez días adicionales para que esas pruebas sean actuadas, se haga la confrontación y luego últimos diez días para que la comisión elabore su informe, que dicho sea de paso no es un informe vinculante", detalló Pereira. "Ese informe lo conoceremos en el pleno, más o menos en el día 34 o 35 contando a partir de ahora (jueves 30 de marzo) y ahí se tomará la decisión final ya en el pleno", explicó el asambleísta, secretario general del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik que defiende los intereses de las poblaciones indígenas en el país. Para destituir al mandatario se requiere una mayoría de 92 votos, equivalente a dos terceras partes del Parlamento unicameral, compuesto por 137 asambleístas. "Es altamente probable que el gobierno no reciba los 92 votos necesarios para una censura, por tres factores: mayorías móviles dentro del Legislativo que hace fácil que los legisladores no sigan la disciplina partidista; la gran habilidad para la operación política del ministro de gobierno; y el diseño institucional, que hace que el ejecutivo tenga la sartén por el mango con la capacidad de disolver el Parlamento, herramienta que temen los legisladores", afirmó a la VOA el politólogo ecuatoriano, Pedro Donoso. ¿De qué se acusa a Lasso? Guillermo Lasso llegó a la presidencia de Ecuador tras resultar ganador en las elecciones de 2021 con una campaña centrada en la creación de empleo, reducción de impuestos, lucha contra la corrupción y la mejora de la sanidad. La tercera fue la vencida para el exbanquero, que perdió en las presidenciales contra los exmandatarios Rafael Correa en 2013 y en 2017 ante Lenín Moreno. Su victoria tuvo lugar tras lograr ampliar su base más allá de la derecha tradicional. Sin embargo, desde que asumiera la jefatura del Estado, Lasso se ha visto envuelto en varias polémicas y revueltas. Se le ha acusado de tener cuentas en el extranjero dentro del caso Pandora Papers y tuvo que enfrentar semanas de paro indígena y violentas protestas contra nuevas medidas económicas, en el verano de 2022. En ese entonces se intentó cursar un procedimiento de destitución presidencial, que no reunió los votos necesarios en la Asamblea. El caso que ha llevado al presidente ecuatoriano a juicio ante el Parlamento fue presentado en el órgano por una comisión de mayoría opositora, que presentó un informe sobre un presunto caso de corrupción y supuestos vínculos de allegados al poder con grupos delictivos. La trama salió a la luz gracias a un reportaje en el diario local La Posta, que sacó a la luz pública un caso que luego se conocería como "El Gran Padrino", donde se acusa a Danilo Carrera, cuñado del presidente, y al exfuncionario de Lasso, Hernán Luque, de crear una red para "saquear" las empresas públicas. A Lasso se le acusa de participar en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, concusión y presunto peculado o malversación de fondos. De acuerdo con audios presentados por La Posta, la red de corrupción presuntamente lucraba y decidía a quién iban los contratos con la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador (CNEL), la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Petroecuador y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Los asambleístas responsabilizan al mandatario por el funcionamiento de una estructura de corrupción que se habría apropiado de fondos públicos a través de contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana con la compañía Amazonas Tanker. La solicitud presentada ante la Corte Constitucional contenía estos delitos, sin embargo, en su dictamen, desestimó las acusaciones de concusión, pero aceptó el de peculado. "La mayoría del Pleno de este Organismo resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado", señaló la Corte Constitucional al publicar su decisión a través de un comunicado en Twitter. Gobierno de Lasso defiende su inocencia Inmediatamente después de conocerse el dictamen de la Corte Constitucional, el gobierno de Lasso reaccionó rechazando el juicio político, en un comunicado publicado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. La posición oficial "rechaza el juicio político, respeta la decisión de la Corte Constitucional y ratifica la inocencia del presidente Guillermo Lasso". "A pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitado por la Asamblea Nacional. Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente", insistió la vocería. Lasso, quien se reunió con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield en Quito el miércoles, no se ha pronunciado hasta el momento de manera directa. "Prueba de fuego" para la Constitución "Hay que destacar que en este momento la Constitución está pasando una prueba de fuego. Recordemos que esto no se prevía en las constituciones anteriores y si hubiese sido, por ejemplo, con la Constitución del 98, ya el presidente hubiese estado fuera hace rato", señaló Darwin Pereira. El asambleísta aseguró que le parece "positivo" el proceso, que " ha obligado a que se actúe en un marco de de legalidad, si bien esto es un proceso político, no se ha dejado afuera a la legalidad y la constitucionalidad de los actos, que es lo que mantiene un sistema", insistió el asambleísta. Para Donoso también es motivo de festejo. "Hay que celebrar que un país como Ecuador, en dónde en la década de los 2000 eran las calles y los cuarteles los que terminaban mandatos presidenciales, hoy sean las instituciones y la Constitución funcionado la que puedan determinar estos procesos", especificó el analista y director de la consultora de comunicación ICARE. "Hay que celebrar que hay una Asamblea que puede recoger firmas e interpelar a un presidente, que hay una corte constitucional que pueda dar o no paso a un juicio. Es importante que en la situación de alta tensión política y fragmentación social hayan válvulas de escape institucionales que administren estos conflictos", advirtió. ¿Podría Lasso activar la "muerte cruzada"? Como presidente, Guillermo Lasso tiene a su disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento, que implica la activación de una figura constitucional llamada "muerte cruzada" que faculta al mandatario la disolución inmediata del Legislativo. Tras esto, Lasso podría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de estar obligado a convocar elecciones. "Hemos previsto, dentro de la Asamblea, la posibilidad de que el presidente aplique la muerte cruzada (...) lo tenemos presente, sin embargo siempre dijimos que no podemos actuar dentro de una Asamblea en base a chantajes, no podemos actuar en base a miedos", insistió el segundo vicepresidente del Parlamento. Pereira agregó que toca a los asambleístas "cumplir nuestro rol de fiscalizar y legislar, y si en el marco de esta fiscalización, en el marco de esa legislación; pues el presidente opta por ir a por la muerte cruzada, es una potestad, es un proceso democrático, es un proceso constitucional y por supuesto un proceso legal así, que está prevista en una ley; no podemos nosotros oponernos". "Claro está, una vez que está en juicio (el presidente) desde mi punto de vista jurídico, ya no podría mandar la muerte cruzada, porque él está siendo juzgado y con la muerte cruzada lo que haría es juzgar él a los juzgadores. Eso rompe el principio del debido proceso", matizó el legislador. El asambleísta recordó que "la misma Constitución protege el debido proceso" y agregó que Lasso "pudo haberlo hecho hasta antes de este juicio y lo podrá hacer después, si en este juicio sale bien librado, no hay ningún problema; pero dentro de un juicio político me parece que no cabe la muerte cruzada", concluyó. Por su parte, Donoso advierte que esta parece una posibilidad "que es de probabilidad media en el corto plazo, pero alta en el mediano plazo". "El escenario que hemos planteado y que parece el más probable es que no hayan los votos para la censura y que el escenario post fracaso del juicio sea la movilización social en dónde, ahí sí, la muerte cruzada es una herramienta de alta probabilidad", opinó el politólogo y doctor en leyes. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

El aval constitucional no implica la destitución presidencial, sino que da paso a que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional. QUITO — La Corte Constitucional de Ecuador notificó el miércoles que admitió el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, planteado por una mayoría de oposición de la legislatura para tratar de destituirlo alegando presuntos delitos contra la seguridad del Estado y de supuesta corrupción. El aval constitucional no implica la destitución presidencial, sino que da paso a que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional, que debe seguir un proceso de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, dijo que a pesar de que el gobierno no coincide con la decisión de la Corte Constitucional “respetamos el dictamen de admisibilidad del juicio político”, lo que de ninguna manera valida los argumentos planteados por el legislativo en contra del mandatario. Aseguró que las acusaciones de la Asamblea no han tenido sustento ni jurídico ni político. El tribunal, intérprete y garante de la constitución del país, adoptó la decisión con el voto de seis de los nueve magistrados integrantes. Recibió el pedido de enjuiciamiento desde bancadas legislativas presididas por el partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017). En el fallo, la mayoría de ese organismo resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión pero accedió al pedido de juicio político relacionado con el de peculado y argumentó que la Asamblea ha respetado los principios de legitimidad política y debido proceso. En relación al delito de peculado o malversación de fondos, la corte determinó que se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad. No hubo reacción o declaraciones inmediatas del gobierno o del presidente Lasso tras darse a conocer la decisión del cuerpo constitucional. La iniciativa llegó a la corte luego de pasar por varios procedimientos e instancias en la Asamblea, entre ellos, por una comisión que revisó una investigación policial de supuestos nexos entre el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, con funcionarios públicos presuntamente relacionados a redes de corrupción y de narcotráfico. El caso por el que Lasso será llevado a juicio político se conoció mediante publicaciones del portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, que fue archivada por recomendación judicial y de la Fiscalía ante la falta de elementos contundentes. No obstante, la oposición política tomó las revelaciones para sustentar el pedido de juicio, que llegó el fin de semana a manos de la Corte Constitucional para que declarara si se apegaba al marco jurídico ecuatoriano o no. El presidente envió a su vez al ente un documento de 91 páginas de descargo para que ese tribunal deseche el pedido del Legislativo. Adujo que no se justificaba ni probaba ninguna acusación y que la petición fue presentada fuera de plazo, así como que el expediente tampoco estaba completo, lo que no tuvo acogida. Con esta decisión de los magistrados constitucionales, el proceso de juicio político contra Lasso vuelve al Legislativo. En un plazo máximo de hasta 45 días, deberán someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento, que conlleva varios pasos previos. Para destituir al mandatario, se requiere una mayoría de votos de 92 de los 137 asambleístas. Según las bancadas de oposición, hay una cierta posibilidad por el número de legisladores que están en contra del mandatario. En un primer intento de destitución presidencial, la iniciativa no cosechó los votos suficientes. Fue en junio del año pasado, cuando Lasso llevaba en el cargo un año. No se llegó a completar los 92 votos necesarios para aprobar el juicio político tras el paro indígena que derivó en violentas protestas durante casi tres semanas en el que se exigía una reducción del precio de los combustibles. El presidente Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento político. Podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar elecciones. En ese lapso podría postularse a la reelección, una opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como antecedente la reciente derrota en las urnas en febrero de una consulta popular enfocada en la seguridad. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

La presidencia de Guillermo Lasso en Ecuador está en peligro. A falta del visto bueno definitivo de la Corte Constitucional de Ecuador, el juicio político contra el presidente empezará próximamente. ¿Cuáles son los motivos y las posibles consecuencias? Lo vemos, juntos, en Panorama. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Miles de migrantes toman diferentes rutas desde varios países de la región con destino a la frontera sur de Estados Unidos, las redes sociales se han convertido en un soporte de información adentrarse a la travesía. CIUDAD DE MÉXICO — “Gente de México interesada en cruzar para Estados Unidos, dejen sus mensajes”, invita el anuncio sobre una foto de personas, vestidas de camuflaje, pernoctando entre arbustos en un lugar árido. Los acordes de un corrido -música del norte mexicano- acompañan la oferta para cruzar la frontera por el inhóspito desierto de Sonora, en el noroeste de México. Pero TikTok, bajo la lupa en Estados Unidos y Europa por ser una presunta ventana de espionaje, no solo es usado como plataforma publicitaria por “polleros” o “coyotes”, como se conoce a estos mercaderes que están en la mira de las autoridades y de la propia red. Andrea, de 25 años, y su amiga Beatriz, de 29, que salieron de Venezuela en octubre pasado, encontraron consejos allí para sortear ​puntos críticos como el Darién, la selva colombo-panameña donde muchos mueren en accidentes o asesinados. Durante su paso por México, Andrea muestra a la AFP en su celular el perfil de una joven que logró llegar a Estados Unidos, en medio de la ola migratoria que sacude a la región. La mujer armó una bitácora de viaje para dar consejos sobre qué llevar en la mochila y medicamentos imprescindibles. “Aciertas un 20% de las veces”, dice Beatriz sobre la utilidad de esas recomendaciones. “La experiencia de cada uno es muy personal”. Los usos de TikTok son múltiples, pero es la supuesta vigilancia ilegal la que lleva al director general de la red de origen chino, Shou zi Chew, a testificar ante el Congreso estadounidense este jueves. Cero tolerancia Otro perfil que ofrece pasar a migrantes por Tamaulipas (noreste), duramente golpeado por la violencia del narcotráfico, incluye una fotografía de menores a bordo de un bote inflable en un río. “También hacemos cruces con niños y familia”, señala el aviso. Cuentas similares se replican por decenas en Guatemala, Colombia y Ecuador, constató la AFP. Bajo la etiqueta #pollero también se oferta “trabajo seguro” para conductores en Arizona (sureste de Estados Unidos), con pagos de 3.000 a 15.000 dólares. “Si tienes auto y quieres hacer dinero fácil, escríbeme”, indica un mensaje en inglés. Desde furgonetas hasta tráileres son usados para transportar migrantes por unos 7.000 dólares cada uno, generalmente hacinados y sin ventilación a lo largo de cientos de kilómetros, con desenlaces fatales. Unos 7.661 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y 988 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas. La publicidad de los “coyotes” circula pese a que viola normas de TikTok, que prohíbe la “promoción y facilitación de actividades delictivas”. “Mantener la seguridad de nuestra comunidad es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio y no toleramos contenidos que promuevan la explotación humana, incluido el tráfico de personas”, comentó a la AFP un vocero de la red. En el tercer trimestre de 2022, TikTok eliminó por su propia iniciativa 82% de los videos ligados a prácticas delincuenciales. A la caza de “coyotes” Para contrarrestar esa amenaza, las autoridades han conformado células especializadas. En una sala repleta de computadores en Ciudad de México, expertos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General monitorean perfiles de redes sociales. En un tablero señalan personas de interés y sus rastros en la web. La unidad, creada en 2017, se ha involucrado en unas 300 carpetas de investigación sobre trata de personas, comenta Rolando Rosas, director del Centro de Comunicaciones de la Policía Federal Ministerial. En México las “empresas de servicios digitales están obligadas a la entrega de información cuando existe algún delito”, dice Rosas, destacando la fructífera colaboración con las plataformas. Benjamín Oviedo, jefe de la unidad, explica que sus oficiales intervienen por ejemplo cuando el pago a un traficante se pacta o realiza por medios cibernéticos. Pero no siempre los anuncios son reales. “Muchas de las cosas que encontramos pueden ser un fraude”, apunta Rosas. Un informe de la OIM publicado en febrero corrobora que TikTok es usado por traficantes como “medio de promoción” para mostrar en video “casos exitosos de cruces irregulares”. Y advierte que este delito abre la puerta a otros crímenes como la explotación sexual de menores. La organización encuestó a 531 migrantes en tránsito, de los cuales 64% aseguraron haber accedido a un teléfono inteligente e internet durante el viaje. En los exteriores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Brenand Vilne, haitiano de 30 años, exhibe en su teléfono publicaciones que buscó en TikTok para cruzar el Darién. Uno muestra a personas caminando por la selva; otro, a migrantes cruzando un río. Una romería que está lejos de detenerse, ya sea en la selva, el desierto o en la red. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Gremio de periodistas ecuatoriano dice que los ataques no los silenciarán. Al contrario, aseguran, es un motivo para unirse y seguir informando a la comunidad con veracidad. QUITO / BOGOTÁ — Asociaciones de medios de comunicación y gremios de periodistas condenaron enérgicamente la aparición de sobres con artefactos explosivos en diversas salas de redacción de medios en Quito y Guayaquil. Los sobres con explosivos fueron enviados a cinco periodistas, cuatro de los cuales recibieron el paquete, y uno ellos incluso estalló cuando el periodista y presentador Lenín Artieda lo analizaba, cuando se encontraba en el departamento de noticias del canal de televisión Ecuavisa. Las amenazas estuvieron dirigidas a televisoras como Ecuavisa, Teleamazonas y TC Televisión. Además de contra el periodista Miguel Rivadeneira, quien acredita 44 años de ejercicio profesional y conduce un programa de radio. “Es un mensaje de amenaza para tratar de amedrentar los mensajes que hemos venido enarbolando, que es un periodismo honesto, responsable, el ejercicio de un periodismo de resistencia cívica, pacífica, democrática, en busca de la verdad y que, claro, eso incomoda a sectores corruptos, que ha crecido sustancialmente en el Ecuador”, dijo Rivadeneira, quien recibió un sobre con presunto explosivo, a la Voz de América. El periodista recuerda que recibió un sobre el jueves, con una memoria USB, que fue abierto, sin encontrar nada relevante adentro. Pero que, cuando se enteró de la explosión en Ecuavisa, se dio cuenta de que se trataba de un envío de la misma naturaleza. "Inmediatamente, este lunes, lo entregué a la policía, quien examinó y determinó que era un pen drive con explosivo dentro", explicó Rivadeneira, quien aboga por una investigación exhaustiva y quien asegura que ha estado en contacto con las autoridades, pero que no se le ha formalizado ningún tipo de protección. Por su parte, Hugo Pineda, secretario de la Unión Nacional de Periodistas, dice que el gremio está preocupado, pero que el hecho no va a censurarlos. Al contrario, sostiene, es una oportunidad de continuar informando. “Esto no nos va a detener, no nos va a callar, al contrario, nos demuestra que estamos avanzando por un camino correcto, un camino coherente; dándole información veraz, certera, oportuna, contrastada, certificada a nuestra audiencia”, dijo el secretario a la VOA. Y agrega que, en vez de debilitarlos, los periodistas se han reunido "a través de una motivación en común que es la libertad de expresión, y -como gremios, como periodistas, como colegas comunicadores- hemos exigido de una manera firme de una manera contundente y categórica, que las autoridades del Estado nos respalden en nuestro trabajo periodístico". El miércoles, la Alianza Informativa Latinoamericana se unió al rechazo. En un comunicado, manifestó la condena ante cualquier acto violento que afecte a la libertad de prensa: “Nos solidarizamos con nuestra cadena hermana Ecuavisa y rechazamos vehementemente cualquier hecho violento que atente contra la libertad de prensa". Un día antes, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, urgieron al gobierno "a actuar con prontitud para dar con los responsables". Y señalaron, en un comunicado conjunto, que la organización se mantendrá "atenta al desarrollo de esta grave situación que deja en estado de conmoción a los periodistas y a las empresas de comunicación". Las investigaciones El martes, el gobierno ecuatoriano informó que identificó a la persona que envió los sobres con explosivos. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo el lunes a periodistas que los cinco paquetes contenían la misma memoria USB con un detonante “y se presume que habrían sido instaladas por la misma persona. Se ha identificado a la persona que envía, es el mismo remitente”. El Estado, a través de diversas instituciones, activó mecanismos para proteger a los periodistas afectados, garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión e inició una investigación, por el delito de “terrorismo”. Así lo aseguró Zapata, quien anunció la activación los protocolos que corresponden y la generación de las investigaciones. Pineda también manifestó que se "ha activado, junto con la Fiscalía, los protocolos para acelerar estos estas investigaciones y dar la debida protección para el ejercicio periodístico" en Ecuador. Este no es el primera ataque contra la prensa, en Ecuador. En octubre de 2022, la cadena de televisión RTS, fue víctima de tiroteos, en Guayaquil. Dos años después, un cartucho de dinamita explotó junto a las instalaciones del canal Teleamazonas, en la misma ciudad. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

En este país no son usuales ataques de este tipo contra periodistas. Algo similar a lo ocurrido el lunes, sucedió hace más de 20 años cuando estalló un sobre con explosivos y dejó al periodista Rafael Cuesta herido. El gobierno ecuatoriano informó el martes que ha identificado a la persona que envió sobres con explosivos a cinco periodistas, cuatro de los cuales recibieron el paquete y en uno de los casos estalló, sin causar víctimas ni mayores daños. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó en un comunicado los atentados con explosivos en Ecuador y urgió a las autoridades ecuatorianas a garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación, “además de investigar de forma expedita y profunda este ataque contra la libertad de prensa”. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo a periodistas que los cinco paquetes contenían la misma memoria usb con un detonante “y se presume que habrían sido instaladas por la misma persona. Se ha identificado a la persona que envía, es el mismo remitente”, aseguró el ministro. No dio más detalles para no entorpecer la investigación en curso. Agregó que uno de los paquetes, que fue neutralizado en la empresa de mensajería, estaba destinado al periodista Carlos Vera, que tiene un programa de entrevistas y comentarios en internet. Los incidentes similares de este tipo más recientes en Ecuador fueron el año 2019 con una bomba incendiaria contra el edificio del canal Teleamazonas en Guayaquil, y en esa misma ciudad, el año pasado, dos artefactos de menor poder estallaron en la casa de un periodista del diario Expreso, que investigaba actos de corrupción en el municipio de esa ciudad portuaria. El jefe nacional de criminalística de la policía, Xavier Chango, señaló que es el artefacto estaba diseñado para explotar cuando la memoria entrara en contacto con una computadora y que se están haciendo análisis para identificar el tipo de explosivo utilizado. Añadió que en el único caso en el que el dispositivo explotó se activó sólo una parte de la carga, “por lo cual no se produjo una afectación tan grave a la persona”. El periodista y presentador de noticias del canal Ecuavisa, Lenín Artieda -quien se caracteriza por sus comentarios frontales contra la delincuencia y la corrupción- salió ileso del atentado aunque la computadora en la que introdujo la memoria quedó destruida. El lunes sobres con dispositivos similares fueron recibidos en los canales Teleamazonas, TC Televisión y radio Exa, pero las memorias con la carga fueron entregadas a la policía que tras tras analizarlas las destruyó mediante explosiones controladas. La Fiscalía General informó en un comunicado que ha dispuesto la apertura de una investigación por “terrorismo” debido a la similitud en la ejecución y medios empleados para los ataques y rechazó la violencia en todas sus formas. Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia, incluido en su sistema carcelario, que el presidente conservador Guillermo Lasso ha atribuido a la delincuencia común y la lucha de bandas vinculadas con el narcotráfico por liderazgo y territorio. El país está siendo usado como punto de tránsito para enviar cocaína a Estados Unidos y Europa. "Es un explosivo de tipo militar, pero son cápsulas muy pequeñas", explicó a periodistas Chango. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Ecuador atraviesa una ola de violencia causada por las bandas de delincuencia transnacional que a diario deja varios fallecidos por parte de sicarios. QUITO — Un artefacto explosivo estalló el lunes en el departamento de noticias del canal de televisión Ecuavisa cuando el periodista y presentador Lenín Artieda, al que iba dirigido, estaba analizándolo. La Secretaría de Comunicación de Ecuador dijo en un comunicado que el gobierno “rechaza todo tipo de actos violentos perpetrados contra periodistas y medios de comunicación” y ofreció su solidaridad al periodista y al canal de televisión. En tanto, el gobernador de la provincia de Guayas, Francesco Tabacchi, informó que los canales TC Televisión y Teleamazonas recibieron la semana pasada sobres similares y dijo que “estamos preocupados por la situación”. En su noticiero del mediodía, Ecuavisa aseguró que “por fortuna la explosión no le ha causado daños personales” y rechazó de “forma enérgica esta evidente campaña de intimidación en contra de la prensa ecuatoriana” al tiempo de señalar que estas amenazas además van en contra de la estabilidad democrática del país. También mostró un vídeo en donde se ve una computadora portátil dañada en la sala de noticias, donde Artieda insertó una memoria digital, que contenía explosivos de menor poder. Explicó que el periodista de 45 años, presentador de los noticieros de la noche en la ciudad portuaria de Guayaquil, había recibido la semana pasada un sobre a su nombre pero recién lo abrió la mañana del lunes cuando se reincorporó al canal tras un permiso de paternidad. En el sobre se encontraba el dispositivo digital. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.