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El gobierno estadounidense se expresó sobre las acciones tomadas por el presidente Lasso en Ecuador, instando a las instituciones a “garantizar que los procesos democráticos” se realicen “en beneficio del pueblo ecuatoriano”. WASHINGTON — El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el miércoles ser “consciente” de la decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de disolver por decreto la Asamblea Nacional y reafirmó que las relaciones entre ambos países no han sido afectadas por lo ocurrido. “Nuestra relación bilateral con el gobierno de Ecuador y el pueblo ecuatoriano sigue siendo fuerte”, dijo Vedant Patel, portavoz adjunto de Estado, durante una conferencia de prensa. El gobierno estadounidense aseguró “respetar la voluntad de los ciudadanos y el gobierno”. Además, instaron a las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y los ciudadanos “a garantizar que se respeten los procesos democráticos para beneficio del pueblo ecuatoriano”. La decisión de Lasso implica que se decida una fecha para realizar nuevas elecciones legislativas y presidenciales dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional. “La cooperación entre EEUU y Ecuador continúa expandiéndose y profundizándose en varias áreas, incluida la seguridad, que aborda la migración hemisféricamente, la lucha contra el narcotráfico y otras”, agregó Patel. El portavoz de Estado se negó a comparar la situación en Ecuador con lo ocurrido en diciembre en Perú, cuando el entonces presidente Pedro Castillo tomó la decisión de disolver el Congreso y declarar un “gobierno de excepción”, lo que llevó a su posterior arresto. “Continuaremos trabajando con el gobierno y el pueblo de Ecuador para abordar nuestros desafíos y objetivos compartidos”, zanjó Patel. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Las Fuerzas Militares manifestaron su apoyo al presidente de Ecuador Guillermo Lasso, quien disolvió este miércoles la Asamblea Nacional, que adelantaba un juicio político en su contra. 1. Integrantes de la fuerza pública hacen guardia frente a la Asamblea Nacional de Ecuador luego de que el presidente Guillermo Laso la disolviera por decreto. 2. Mientras avanzaba un juicio político en su contra, Lasso desmanteló la Asamblea en la mañana del miércoles 17 de mayo, adelantando así las elecciones presidenciales y legislativas. 3. Desde que se conoció la decisión, miembros de las fuerzas militares y de la policía rodearon la Asamblea e impidieron el paso de personas. 4. "Estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia", dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Nelson Proaño. 5. "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución", señaló Proaño. 6. El presidente Guillermo Lasso enfrentaba un juicio político que con la disolución de la Asamblea llega a su fin y le permite gobernar hasta seis meses por decreto. Ahora, el tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones.

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, mientras avanzaba un juicio político en su contra. QUITO — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa ante la cámara en un juicio político en su contra. Lasso niega las acusaciones de que se hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo. Con la decisión, el presidente ecuatoriano pone fin al juicio político y podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional. En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”. Lasso deberá ahora convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual período presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025. El presidente argumentó que la disolución de la Asamblea “es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”. “Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino para recuperar la esperanza, la tranquilidad”, añadió, y dijo que “este es un nuevo momento para el optimismo”. El tribunal electoral de Ecuador deberá decidir ahora la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional. En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo al orden constituido en una aparente aprobación a la decisión del mandatario. A su vez, convocó a los ecuatorianos a mantener un clima de respeto a la ley y advirtió que no se permitirá la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y que, en ese caso, las Fuerzas Armadas y la policía actuarán “con firmeza” para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, comienza este martes en la Asamblea Nacional y podría concluir tan pronto como el sábado con la destitución del mandatario o la disolución de la cámara. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrenta este martes al inicio de un juicio político en la Asamblea General, donde la legislatura quiere juzgarlo por acusaciones de corrupción que no han sido probadas, pero podría disolver la cámara y gobernar por decreto por seis meses si es declarado culpable. Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el principio de su mandato afrontó una férrea oposición legislativa que rechazó sus principales proyectos de gobierno y ha bloqueado permanentemente su gestión. La oposición lo acusa de un presunto peculado por no haber advertido de un perjuicio para el Estado por la firma de un contrato entre la empresa Flota de Petróleos de Ecuador y la de Transporte de Crudo a nivel mundial Amazonas Tanker. Entre los esfuerzos para juzgar a Lasso, la cámara cambió el fin de semana a sus líderes para el período 2023-2025. La oposición logró ocupar los puestos clave, como la presidencia y las vicepresidencias de la Asamblea y decidió comenzar el juicio este martes. Lasso, que rechaza los cargos, deberá comparecer a la audiencia y su ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó que “él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad. Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna”. Mireya Pazmiño, asambleísta líder del proceso de impugnación, afirmó que “en esa empresa pública Flopec se dio todo un entramado de corrupción, de mafias y eso el presidente lo sabía, porque luego de este juicio político, no solamente queda en responsabilidad política, también tendrá que ir a la justicia ordinaria porque son delitos”. Sin embargo, el abogado de Lasso, Edgar Neira, señaló que el contrato fue concertado en el gobierno anterior y anticipó el argumento de defensa del presidente. “Dejar claro ante el país todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para que en la actual administración de Flopec no se produzca ningún perjuicio a los recursos públicos y esta empresa pueda generar la utilidad que ha generado a partir del momento en que el gobierno del presidente Guillermo Lasso se acogieron a todas las recomendaciones que dispuso la Contraloría General del Estado”. En la sesión de este martes, los asambleístas tendrán dos horas para sustentar la acusación, tras lo cual Lasso tendrá la misma cantidad de tiempo para defenderse. Después, ambas partes tendrán una hora adicional para eventuales réplicas. Al final de ese proceso inicial, Lasso se retirará de la Asamblea y se iniciará un debate en el que cada uno de sus 137 integrantes podrá hablar durante 10 minutos. Según estimaciones de los mismos legisladores, el sábado se celebrará la sesión final para determinar la suerte de Lasso. Pero en medio del proceso, Lasso podría en cualquier momento, según lo marca la ley, activar un recurso constitucional que le permiten disolver a la Asamblea sin aprobación de ningún órgano estatal. De tomar esta decisión podría gobernar por decreto hasta por seis meses, con el control de la Corte Constitucional, y a la par debería convocar elecciones presidenciales y legislativas. [Con información de Giselle Jácome (VOA) y AP] Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, será juzgado a partir del martes en la legislatura, pero podría disolver la cámara y gobernar por decreto por seis meses si es declarado culpable de acusaciones de corrupción. QUITO — Comienza una semana crucial para la supervivencia del gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien en los próximos días podría ser destituido por la Asamblea. Sin embargo, el mandatario tiene un as en la manga: podría activar un recurso constitucional que le permite disolver al Legislativo. El primer revés se lo propinó la Asamblea, dominada por la oposición, el domingo, cuando reeligió en su presidencia a Virgilio Saquicela por el voto de más de dos tercios de los 137 legisladores a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo en las últimas semanas de sumar asambleístas a su causa. Saquicela decidió que la fase final del juicio político a Lasso comience el martes con la comparecencia del mandatario ante el pleno de Legislativo, donde los asambleístas tendrán dos horas para sustentar la acusación por malversación de fondos públicos tras lo cual Lasso tendrá la misma cantidad de tiempo para defenderse. Después ambas partes tendrán una hora adicional para eventuales réplicas. Al final de ese proceso inicial, Lasso se retirará de la Asamblea y se iniciará un debate en el que cada uno de sus 137 integrantes podrá hablar durante 10 minutos. Según estimaciones de los mismos legisladores, el próximo sábado se celebrará la sesión final para determinar la suerte de Lasso. El mandatario ha rechazado la acusación de malversación de fondos públicos que pesa en su contra y que, hasta ahora, tampoco ha sido probada por los acusadores. Pero en medio del proceso, Lasso podría en cualquier momento, según lo marca la ley, activar un recurso constitucional que le permiten disolver a la Asamblea sin aprobación de ningún órgano estatal. De tomar esta decisión podría gobernar por decreto hasta por seis meses, con el control de la Corte Constitucional, y a la par debería convocar elecciones presidenciales y legislativas. Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el principio de su mandato afrontó una férrea oposición legislativa que rechazó sus principales proyectos de gobierno y ha bloqueado permanentemente su gestión. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

La legislatura de Ecuador quiere juzgar al presidente Guillermo Lasso por corrupción, pero aunque la acusación no ha sido demostrada la cámara está controlada por la oposición. QUITO — La Asamblea Nacional de Ecuador decidió el martes continuar el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos. Con el voto de 88 de los 116 legisladores presentes el Legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de cinco días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se definirá la suerte del mandatario de 67 años. Para avanzar con el proceso se requería el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto. Si el juicio avanza sin contratiempos, la votación para la censura y destitución de Lasso, quien está en la mitad de su gestión de cuatro años, se produciría entre el 20 y 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas. Lasso afrontó un primer intento de destitución que no fructificó en junio de 2022, cuando el legislativo no logró reunir los 92 votos necesarios, tras un levantamiento indígena que puso en aprietos el gobierno y mantuvo al país andino en virtual parálisis por casi tres semanas. En cualquier momento del proceso Lasso puede disponer por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto con el control de la Corte Constitucional hasta por seis meses, al tiempo de convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. El mandatario ecuatoriano, en una reunión con corresponsales de medios extranjeros en abril, dijo que en efecto no dudará en hacer efectivo un decreto para disolver la Asamblea en caso de que sea inminente su destitución. Julio Echeverría, catedrático de la universidad de posgrado Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo a AP que Lasso llegó a este punto porque ha practicado una política de confrontación y ahora “tenemos un presidente desesperado por lograr aliados para salvarse de la destitución”. El antecedente más cercano de un presidente ecuatoriano destituido por el Congreso es el de Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, aunque en su caso no hubo juicio político, sino que los congresistas lo declararon con incapacidad mental para gobernar sin ningún informe médico o siquiátrico. Aunque la acusación contra Lasso no ha sido demostrada y la Comisión de Fiscalización Legislativa emitió un informe que lo liberó de responsabilidades, el documento no fue aprobado porque ese organismo, al igual que la Asamblea, es controlado por la oposición. El presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, defendió que el pleno decidiera sobre el juicio político alegando que “al no existir informe el pleno de la Asamblea tiene, a través de una resolución, que resolver” con el voto de los legisladores la suerte el juicio político. Pero el abogado del presidente, Edgar Neira, afirmó a la red de televisión Teleamazonas que el proceso está reglamentado en la ley orgánica del Poder Legislativo y que los opositores tomaron como base una norma que no está en ese texto para adelantar el juicio. Añadió que el legislativo no puede ejercer otra atribución “que no esté establecida en la Constitución y la ley”. El juicio a Lasso, que empezó hace poco más de un mes, contó con el aval de la Corte Constitucional. El mandatario tiene un mínimo apoyo legislativo que lo pone en desventaja para negociar su permanencia en el poder. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Además de los complicada situación de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela, la CIDH revisa en su informe anual 2022 otros asuntos de preocupación que persisten en la región como el debilitamiento de la democracia y ataques a la independencia judicial. WASHINGTON — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su informe anual sobre la situación de garantías fundamentales en las Américas en 2022 que las tendencias de “debilitamiento” de la democracia y los ataques a la independencia judicial en la región son “preocupantes”. El organismo regional con sede en Washington y parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió al publicar el informe el 21 de abril que los 35 Estados que conforman el organismo regional encaran serios desafíos, sobre todo por la pérdida de institucionalidad democrática y los constantes atropellos a la justicia. “Durante el 2022, la CIDH observó acciones estatales provenientes de los diferentes poderes que plantean serios desafíos al sistema de pesos y contrapesos y por consiguiente ponen en riesgo la institucionalidad democrática; en particular, mediante acciones que tendrían como efecto debilitar la independencia judicial en la región”, dice el informe. A la vez, el organismo garante de derechos humanos en la región llama a los Estados a “proteger a los operadores de justicia frente a los ataques” que se manifiestan en actos de intimidación, amenazas y hostigamientos cuando estos procesan a implicados en violaciones de derechos humanos. “Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrándose así el acceso a la justicia”, prosigue el informe. La CIDH advierte que el problema ha desencadenado una serie de retos a nivel regional que surgen del “debilitamiento de la institucionalidad democrática” que en efecto cascada conllevan a la desconfianza social en las instituciones estatales. “La CIDH ha observado obstáculos para el ejercicio de la labor periodísticas; la violencia y criminalización contra personas defensoras y periodistas – asesinatos, acoso, intimidación, asesinatos, criminalización”, reza el informe. La militarización de la seguridad La Comisión también incluye en el informe que las tendencias de una persistente militarización en la región “destaca con preocupación”, como la propensión a recurrir a la figura de los estados de excepción como estrategia para “atender situaciones que afectan la seguridad ciudadana”. El informe ha retomado también -a partir de la compilación de datos más de 50 audiencias realizadas el año pasado- que persisten el incremento de “grupos armados no estatales en disputa por control de economías ilícitas”, que llevan al aumento alarmante de homicidios. La CIDH dice que entre todo este panorama observa con preocupación “la persistencia de altos niveles de impunidad y corrupción en casos de violaciones a derechos humanos, tanto estructurales como coyunturales”. En 2022 el organismo regional asegura que recibió 1.033 solicitudes de medidas cautelares de las que aprobó el 97.09 % con las que se permitió proteger a unas 1.648 personas. La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, dijo en un comunicado que este informe anual “es un referente regional de interés público interamericano para comprender los desafíos en derechos humanos que viven y enfrentan las personas en las Américas y el Caribe”. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

En sus 10 años como líder de la Iglesia católica, el papa argentino no ha regresado a su país a pesar de haber hecho múltiples viajes a todas partes del mundo. BUENOS AIRES — El papa Francisco, quien no ha regresado a su país natal desde que asumió el pontificado hace 10 años, dijo que planea visitar Argentina en 2024, según publicó el domingo un diario local. "Quiero ir al país el año próximo. Siempre quise volver al país", dijo Francisco al periódico La Nación de Argentina. De concretarse la visita, el Papa, de 86 años, viajaría un año después de las elecciones generales de octubre próximo en Argentina, que está profundamente dividida políticamente, tiene una inflación anual del 100 % y sufre una pobreza del 40 %. "No me vinculen con la política argentina, por favor", dijo Francisco al periodista, mostrando su interés en que la visita no sea utilizada políticamente. El pontificado de Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia católica, cumplió 10 años el 13 de marzo, período durante el cual nunca ha visitado Argentina, pese a haber hecho múltiples viajes al exterior, incluyendo África este año. Muchos en Argentina esperan con ansias la visita del ex cardenal Jorge Bergoglio y rezaron a fines de marzo por su pronta recuperación de una bronquitis que lo mantuvo unos días internado en un hospital de Roma. Francisco padece una dolencia persistente en la rodilla que lo obliga a usar bastón y silla de ruedas, pero sus allegados aseguran que el líder de casi 1.400 millones de católicos romanos del mundo, tiene buena salud general para un hombre de su edad. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Según las autoridades, se efectuaron 14.260 arrestos durante la 'Operación Gatillo IX', llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 2 de abril. CIUDAD DE MÉXICO — Interpol declaró el martes que la mayor operación contra armas de fuego llevada a cabo en Centroamérica y Sudamérica había resultado en el decomiso de miles de armas ilegales y de drogas por un valor de 5.700 millones de dólares, gracias a la cooperación sin precedentes de 15 países. La organización policial internacional añadió que las autoridades centroamericanas y sudamericanas habían efectuado 14.260 arrestos durante la 'Operación Gatillo IX', llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 2 de abril. "El hecho de que una operación dirigida contra las armas de fuego ilegales haya dado lugar a incautaciones de droga tan masivas es una prueba más, si se necesitaba, de que estos delitos están entrelazados", declaró en un comunicado el secretario general de Interpol, Juergen Stock. En la operación se localizaron 8.263 armas de fuego ilícitas y casi 306.000 cartuchos, así como 203 toneladas de drogas y 372 toneladas de precursores de drogas. 11 personas fueron rescatadas en Paraguay cuando las autoridades desmantelaron una red de trata de seres humanos, informó Interpol. Según las fuerzas de seguridad, el año pasado se registró un aumento de la violencia relacionada con las drogas, alimentada por el tráfico de armas de fuego ilegales. En la operación también se descubrieron casos de corrupción, fraude, delitos contra el medio ambiente y actividades terroristas. En la operación participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La operación se produce en un momento en que México, respaldado por 16 estados de Estados Unidos y algunos países caribeños, interpone una demanda civil contra los fabricantes de armas estadounidenses para responsabilizarlos de facilitar el tráfico de armas a través de la frontera. Más de la mitad de las "armas del crimen" recuperadas y rastreadas en Centroamérica proceden de Estados Unidos, según la agencia estadounidense de control de armas ATF. Este nivel se acerca al 70 % en el caso de México y ronda el 80 % en el Caribe. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y del Gabinete, previstas para este lunes, fueron canceladas. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, fue hospitalizado debido a un quebranto de salud informó el domingo la presidencia de Ecuador a través de un comunicado. En el mismo se indicó que el sábado, tras conceder una entrevista a un medio internacional, "se produjo un cuadro de fiebre y malestar general, razón por lo cual se trasladó al Hospital Militar, en Quito" al gobernante de 67 años. Las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y del Gabinete, previstas para este lunes, fueron canceladas. "Los médicos le diagnosticaron una infección en las vías urinarias, por ello, recomendaron que permanezca en observación en el hospital y que haga reposo mientras se administra el tratamiento", indica el comunicado. La reunión del Consejo estaba prevista para realizarse en la provincia costera de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, en momentos en que ha aumentado la inseguridad en Ecuador con asaltos, secuestros, robos, asesinatos y extorsiones, entre otros. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

En el ataque murieron nueve personas y cuatro más resultaron heridas. Entre las víctimas se encontraba un colombiano, según confirmó la cancillería de ese país. QUITO — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó el miércoles que el secretario de Seguridad presentó su renuncia, un día después de un violento ataque en un puerto pesquero artesanal en la ciudad de Esmeraldas, que dejó nueve fallecidos. Diego Ordóñez asumió la secretaria de Seguridad en agosto del año pasado con el compromiso de elaborar políticas y acciones relacionadas con la seguridad, en medio de un aumento de las muertes violentas y extorsiones. "Ha renunciado Diego Ordóñez y en los próximos días tomaremos una decisión sobre su reemplazo", dijo Lasso a periodistas, y agregó que ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad del Estado para el domingo. Lasso viajó a Esmeraldas para coordinar acciones con las fuerzas públicas luego de que el martes un grupo de desconocidos atacaron a personas que estaban trabajando en un puerto pesquero en la ciudad de Esmeraldas, cercana a la frontera con Colombia. En el violento incidente murieron nueve personas y otras cuatro resultaron heridas, según el Gobierno. La cancillería colombiana confirmó que un ciudadano colombiano hace parte de las 9 víctimas del ataque y que el Consulado de Colombia en Esmeraldas estableció contacto con las autoridades de policía ecuatorianas para obtener confirmación de los hechos. Lasso anunció además que la policía había capturado a uno de los presuntos involucrados en el ataque en el puerto artesanal en Esmeraldas y que éste pertenece a la banda denominada Los Tiguerones, que también actúan en las cárceles del país. "Es una disputa por territorio entre las bandas, pero lo que me preocupa es que están cayendo ciudadanos inocentes, gente que no forma parte de ninguna de estas bandas", añadió el mandatario. Lasso, un exbanquero conservador, está luchando contra el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles del país, que el Ejecutivo atribuye a las bandas de narcotraficantes. El Gobierno dijo que está movilizando grupos especiales de las Fuerzas Armadas para reforzar las operaciones de la fuerza pública en Esmeraldas, donde rige un estado de excepción desde marzo del 2023. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

De acuerdo con cifras del sistema penitenciario, en 2021 unos 316 internos fueron asesinados mientras que en 2022 la cifra llegó a 130 homicidios. QUITO — Las autoridades hallaron el miércoles a seis presos ahorcados en el interior de una cárcel estatal de la ciudad portuaria de Guayaquil, informó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de Ecuador. En un comunicado el organismo precisó que durante la revisión de la prisión de Guayas fueron hallados colgados los seis reos en el pabellón cinco, por lo que se procedió a los trámites legales de "levantamiento de los cuerpos”. Ese centro, también conocido como Penitenciaría del Litoral, está ubicado dentro de un complejo de prisiones y es considerado el más peligroso del país por el nivel de violencia en los enfrentamientos entre bandas criminales rivales. Las riñas se producen por disputas por el control del lugar y rutas y territorios de distribución de drogas a nivel nacional e internacional. En enero de este año el gobierno del presidente Guillermo Lasso decidió reubicar a los cabecillas de al menos una docena de organizaciones criminales en una cárcel de alta seguridad de Guayaquil para reducir los motines carcelarios. El último motín de importancia se produjo en noviembre en una cárcel del norte de Quito, donde 10 presos fueron asesinados. Un mes antes, otros 13 reclusos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, sitio en el que en septiembre una gresca entre presos se saldó con 126 reclusos muertos por sus compañeros. La infraestructura penitenciaria de Ecuador tiene capacidad para 30.000 reclusos, pero tras un censo carcelario se detectó que hay más de 31.300 internos en las prisiones estatales del país. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.