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Las autoridades dicen el hecho se produjo por la la disputa entre dos bandas de extorsionadores que buscaban el control de esas instalaciones. QUITO — La policía detuvo a quien presuntamente planificó y coordinó la masacre de nueve personas a mediados de abril en un puerto artesanal de la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas, en el norte del país y a orillas del océano Pacífico. En su cuenta de Twitter, esa fuerza publicó el miércoles que el arresto se produjo tras operativos y allanamientos en la provincia del mismo nombre en los que también fueron detenidas otras seis personas y se decomisaron dos fusiles, entre otros elementos. No se indicó la identidad del detenido ni se dieron otros detalles. La masacre se produjo el 11 de abril cuando unas 30 personas llegaron por mar y tierra al puerto artesanal con fusiles y pistolas y abrieron fuego indiscriminadamente contra los ocupantes de una de las bodegas, desatando el caos y pánico de los pescadores y comerciantes del lugar. Las autoridades posteriormente explicaron que el hecho se produjo por la la disputa entre dos bandas de extorsionadores que buscaban el control de esas instalaciones. Desde entonces la presencia policial y militar se ha incrementado notablemente en esa provincia, donde incluso las escuelas reciben protección de los uniformados. De acuerdo con estadísticas de la alcaldía de Esmeraldas, en lo que va del año se han registrado cerca de 420 muertos en la provincia, una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes. La provincia de Esmeraldas está en la frontera con Colombia, de donde provienen importantes cargamentos de cocaína que son exportados desde puertos ecuatorianos, por lo que las rutas tanto marítimas como terrestres se han convertido en zonas de disputa entre bandas rivales, según el gobierno. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

El mandatario suscribió un decreto ejecutivo y ordenó al ministerio de Finanzas asignar los recursos económicos requeridos por ambas instituciones. QUITO — el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dispuso el miércoles a las fuerzas armadas y policías ejecutar de inmediato acciones antiterroristas en todo el territorio nacional. La nueva instrucción consta en un decreto ejecutivo suscrito por el mandatario, en que además ordena al ministerio de Finanzas asignar los recursos económicos requeridos por ambas instituciones. No se especifica, no obstante, ni las acciones a tomar ni el monto de los fondos disponibles. La semana pasada, el gobierno ecuatoriano declaró terroristas a los grupos criminales vinculados al narcotráfico nacional e internacional que, según la explicación oficial, en los últimos años han generado una creciente ola de violencia en todo el país caracterizada por atentados con artefactos explosivos, secuestros, extorsión y asesinatos. El analista político y profesor de la universidad Central Fernando Borja, en declaraciones a AP reconoció que el Estado “ha sido incapaz de hacer respetar su orden jurídico” y ha ido debilitándose. Dijo que la situación es muy grave en Ecuador porque la delincuencia se está tomando el país. Ante la emisión de un nuevo decreto relacionado con la seguridad, cuestionó su utilidad: “No entiendo para qué puede servir este decreto”. Argumentó que en algunas zonas del país que están en poder de las mafias criminales ya no rige el Estado de derecho, “entonces, imagínese un decreto... ¿Para qué pueda servir?”. En un intento de frenar la ola de criminalidad y reducir la creciente actividad delictiva, Lasso había ordenado que las Fuerzas Armadas realicen patrullajes preventivos en las calles, especialmente en sectores de gran conflictividad y en carreteras, aunque no contaban con la autorización de integrarse a una lucha abierta contras las mafias. Los militares ya habían sido movilizados para la seguridad interna, amparándose en más de una decena de estados de excepción en los últimos dos años. La principal función de los militares era proteger las fronteras y hacer frente a las amenazas externas. El decreto también pide al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, encargado del sistema penitenciario, que tome las previsiones necesarias para recibir a los uniformados que sean sometidos a la justicia penal por sus acciones en el marco de la lucha antiterrorista. El analista y docente de la universidad Andina, Gustavo Isch, comentó que esta decisión revela la inseguridad jurídica y las nulas condiciones de defensa legal en que se encuentran los uniformados que combaten el crimen organizado y que a menudo son sometidos a la justicia y deben defenderse por cuenta propia, con el riesgo además de perder su carrera. Consultado acerca del riesgo de impunidad, aseguró que “existe esa posibilidad, pero aspiro a que las fuerzas del orden hagan lo que tienen que hacer en el marco de los derechos humanos”, pero deben actuar con dureza ante delincuentes bien armados y con tecnología de última generación. Aunque las autoridades no identificaron a las bandas criminales identificadas como terroristas las de mayor actividad ilícita son: Choneros, Fatales, Gángsters, Lobos, R7, Lagartos, Tiguerones y Chone Killers. Controlan, de acuerdo con lo informado por las autoridades, amplios sectores de las provincias especialmente del litoral ecuatoriano, por donde pasan los narcóticos en su ruta a Estados Unidos y Europa. El año pasado Ecuador decomisó 210 toneladas de droga, en su mayor parte cocaína, y en lo que va del año, el monto se ubica en 60 toneladas, según la autoridad. También son frecuentes los reportes policiales que señalan que en puertos europeos se decomisó gran cantidad de narcóticos, provenientes de puertos ecuatorianos. El país además registra a diario asesinatos vinculados al crimen organizado, atentados con material explosivo en contra de negocios, asaltos, secuestros y amedrentamiento por parte de presuntos delincuentes vinculados con bandas del crimen organizado. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Los nuevos operativos buscarán la destrucción total de las maquinarias pesadas usadas en la minería ilegal, el decomiso de armas y detenciones de las personas involucradas, según Zapata. QUITO — El Gobierno de Ecuador desplegará operativos de la fuerza pública en nueve provincias consideradas las más afectadas por actividades de minería ilegal, dijeron el lunes funcionarios. El presidente Guillermo Lasso declaró a inicios de año a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad de la nación, tras identificar que la actividad tiene nexos con otros delitos como el lavado de activos, tráfico de armas y combustible. El anuncio se produce luego de que unos 1.000 uniformados, entre militares y policías, ejecutaran el fin de semana un operativo en las provincias amazónicas de Napo y Orellana, y destruyeran maquinaria pesada. "Aquellos miembros del crimen organizado que insisten en esta actividad pues tengan el mensaje claro: entraremos absolutamente con todo", dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, a periodistas. La actividad ilegal está presente en 21 de las 24 provincias de Ecuador, dijo Zapata, pero el plan apunta a zonas de conflicto principalmente en la región amazónica, que son ricas en biodiversidad, incluidas áreas protegidas, y en depósitos de oro y cobre. En Napo y Orellana, las fuerzas de seguridad reportaron el impacto visible de la minería en la biodiversidad local y los cauces de los ríos, así como la presencia de combustible, dijo el ministro de Ambiente, José Dávalos. En lo que va del año, los allanamientos autorizados por las autoridades a campamentos de minería ilegal han permitido incautar maquinaria pesada e incluso un helicóptero. El Gobierno no ha dado cifras sobre el aumento de la minería ilegal en el país, ni el total de hectáreas afectadas en las zonas más conflictivas, pero ha dicho que es una actividad creciente. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Un jurado de Nueva York halló culpable al exmandatario Donald Trump de los delitos de abuso sexual y difamación. NUEVA YORK — Donald Trump abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en la década de 1990 y luego la difamó tachándola de mentirosa, decidieron los jurados el martes, dando al expresidente de Estados Unidos un revés legal en su campaña para volver a ocupar el cargo en 2024. El jurado de nueve miembros del tribunal federal de Manhattan concedió unos 5 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos. El jurado deliberó durante algo menos de tres horas. Rechazó la negación de Trump de haber agredido a Carroll y falló en favor de ella. Para declararlo responsable, el jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, debía alcanzar un veredicto unánime. Carroll, de 79 años, testificó durante el juicio civil que Trump, de 76 años, la violó en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan en 1995 o 1996, y luego dañó su reputación al escribir en una publicación de octubre de 2022 en su plataforma Truth Social que sus afirmaciones eran una "completa estafa", "un engaño" y "una mentira". Los miembros del jurado debían decidir si Trump violó, abusó sexualmente o tocó por la fuerza a Carroll, lo que satisfaría su demanda de agresión. También se les preguntó si Trump había difamado a Carroll. Al tratarse de un caso civil, Trump no se enfrenta a consecuencias penales. Carroll solicitaba una indemnización no especificada. El peso de los testimonios El equipo legal de Trump optó por no presentar una defensa, apostando a que los jurados considerarían que Carroll no había podido presentar un caso persuasivo. Trump había dicho que Carroll, excolumnista de la revista Elle y demócrata registrada, inventó las acusaciones para tratar de aumentar las ventas de sus memorias de 2019 y perjudicarlo políticamente. Carroll tuvo que demostrar "pruebas claras y convincentes" para probar su demanda por difamación. En el juicio testificaron dos mujeres que afirmaron que Trump las agredió sexualmente hace décadas. Los miembros del jurado también escucharon extractos de un video de "Access Hollywood" de 2005 en el que Trump dice que las mujeres le dejan "agarrarlas por la vagina". Carroll declaró que se topó con Trump en Bergdorf mientras él compraba un regalo para otra mujer, que aceptó ayudarlo a elegir un regalo y ambos miraron lencería antes de que él la empujara a un probador, le golpeara la cabeza contra una pared y la violara. Carroll declaró que no podía recordar la fecha exacta ni el año en que se produjo la agresión. Carroll se enfrentó a las preguntas del equipo jurídico de Trump sobre la verosimilitud de su relato y por qué nunca denunció el asunto a la policía ni gritó durante el supuesto incidente. Dos amigas de Carroll declararon que ella les habló de la presunta violación en su momento, pero que les hizo jurar que guardarían el secreto porque temía que Trump utilizara su fama y riqueza para tomar represalias contra ella si lo denunciaba. Carroll dijo a los jurados que decidió romper su silencio en 2017 después de que las acusaciones de violación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein provocaron que decenas de mujeres salieran a la luz con relatos de violencia sexual por parte de hombres poderosos. Hizo público su relato cuando Trump aún era presidente. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Los recursos serán usados para crear un fondo especial que financiará actividades de conservación a largo plazo en dos reservas de las islas Galápagos MIAMI, EEUU — Con una garantía monetaria del Banco Interamericano de Desarrollo y un seguro de una agencia del gobierno estadounidense, Ecuador compró el martes parte de su deuda y pudo ahorrar cientos de millones de dólares que destinará a la conservación marina en las islas Galápagos. La operación tuvo lugar en momentos en que la Asamblea de Ecuador analiza si avanza con el juicio político y la eventual destitución del presidente Guillermo Lasso. Para la recompra de unos 1.600 millones de dólares de la deuda, el BID ofreció 85 millones en garantía y la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (CFD, por su nombre en inglés) un seguro de riesgo político de 656 millones de dólares, dijo el BID. Se trata de la mayor conversión de deuda por naturaleza en el mundo, de acuerdo con el BID, que también apoyó al país sudamericano con políticas de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. Además, sería la primera vez que una institución multilateral combina garantías con seguros de riesgo para movilizar recursos de diferente procedencia destinados a proteger el medio ambiente. “Es un ejemplo de cómo la región no sólo está abordando los desafíos globales sino que también está siendo parte de la solución”, dijo el presidente del BID, el economista brasileño Ilan Goldfajn. En total, el país ahorró con la recompra de su deuda unos 1.100 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de la presidencia de Ecuador. El BID dijo que de ese total los fondos destinados a la conservación ecológica fueron de 323 millones de dólares. Si se cuenta la capitalización a lo largo de unos 18 años, la cifra supera los 450 millones de dólares, de acuerdo con el organismo con sede en Washington. Esos recursos serán usados para crear un fondo especial que financiará actividades de conservación a largo plazo en dos reservas de las islas Galápagos: la Reserva Marina Hermandad, creada en 2022, y la Reserva Marina de Galápagos. Además de su activo natural, el área es clave para sectores como el turismo y la pesca artesanal y por eso el impacto de la conservación también es socioeconómico, dijo Gregory Watson, especialista en biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad del BID en una conversación virtual con un reducido grupo de periodistas. Creado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. La DFC es una agencia del gobierno federal estadounidense que invierte en proyectos que se realizan principalmente en países de medianos y bajos ingresos. La deuda pública de Ecuador es de unos 63.731 millones de dólares, lo que significa un 56,01 % del Producto Interno Bruto. El gobierno ha desacelerado el ritmo de endeudamiento y ha bajado el déficit fiscal desde una cifra inicial de unos 7.000 millones de dólares a unos 1.700 millones en 2022. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Xavier Vera renunció en octubre de 2022 y es señalado por la Fiscalía General de Ecuador por presuntos actos de cohecho. QUITO — Las autoridades ecuatorianas detuvieron a un exministro de Energía en medio de una investigación sobre un presunto delito de cohecho relacionado con la petrolera estatal Petroecuador, dijo el lunes la Fiscalía General del país. La investigación contra el exfuncionario comenzó en octubre del año pasado, luego de denuncias de corrupción, incluida una relacionada con un arreglo de cargos en Petroecuador a cambio de sobornos. La detención es para "garantizar que el exministro de Energía y Minas comparezca a la audiencia de formulación de cargos", añadió la Fiscalía General refiriéndose a Xavier Vera, sin dar mayores detalles. El exministro, quien sirvió durante seis meses antes de renunciar en octubre del año pasado, ha sostenido que las acusaciones son un intento de para desacreditar al Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Vera renunció horas después de que los fiscales allanaron sus propiedades en la capital Quito y la ciudad costera de Guayaquil, así como su oficina y un hotel en Quito donde se hospedaba otra persona vinculada al caso. "El exministro ha salido del país más de una vez desde que iniciaron estos procesos. Él no huye de la investigación, él no huye del proceso", dijo Carlos Sánchez, el abogado de Vera, al canal Ecuavisa. La detención del exfuncionario se conoce cuando legisladores de la oposición impulsan un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por un supuesto delito de peculado relacionado con un contrato de transporte de petróleo, que podría terminar en su destitución. Lasso niega la acusación y dice que su administración hizo cambios al contrato, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo, para beneficiar al Estado. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

En los comicios se elegirá el presidente, el vicepresidente y un total de 137 legisladores. QUITO — El Consejo Nacional Electoral de Ecuador fijó para el 20 de agosto la primera ronda de las elecciones presidenciales anticipadas, después de que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea la semana pasada y de paso su propio mandato. El órgano electoral anunció su decisión la noche del martes, cuando estableció que en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se celebrará el 15 de octubre, mientras que la entrega de credenciales a las futuras autoridades está prevista para el 30 de noviembre. En los comicios se elegirá el presidente, el vicepresidente y un total de 137 legisladores. La fórmula ganadora de las elecciones presidenciales debe completar el período de gobierno de Lasso y de su vicepresidente Alfredo Borrero, que termina en mayo de 2025. Los ganadores de los comicios legislativos también cubrirán el período restante de los miembros de la Asamblea que dejan sus cargos y que concluye en igual fecha. Lasso estaba siendo sometido a un juicio político para destitución, pero tras la primera jornada del proceso disolvió la Asamblea Nacional apoyándose en la Constitución y argumentando una grave crisis política. Como los legisladores no pudieron destituir a Lasso y el mandatario disolvió el congreso se pasó a la llamada “muerte cruzada” en la que las partes dejan sus cargos. Lasso estaba acusado de malversación de fondos, lo que negó, y tampoco los legisladores pudieron probar completamente ni presentaron la denuncia correspondiente ante la justicia. Después de la disolución de la Asamblea, el mandatario ecuatoriano se encuentra gobernando mediante decretos ejecutivos que deben ser aprobados por la Corte Constitucional. En una semana de gestión en este período extraordinario, Lasso ha enviado dos proyectos de ley, uno relacionado con una reforma tributaria y otro proponiendo la creación de zonas francas para atraer inversión externa y generar empleos, sin que hayan tenido aun respuesta de la Corte Constitucional. Aunque no se ha abierto la inscripción de candidaturas, al menos media docena de políticos y empresarios ecuatorianos han anunciado su decisión de postularse a la presidencia, entre ellos el exvicepresidente Otto Sonnenholzner (2018-2020), los exlegisladores Fernando Villavicencio y Salvador Quishpe y el empresario Jan Topic, entre otros. Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo del 2021 para un período de cuatro años tras ganar los comicios generales. Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

El presidente Guillermo Lasso envió comunicación a la Corte Constitucional del Ecuador, avisando que hará un viaje personal a EEUU por cuatro días. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajará este miércoles a Estados Unidos, “una intervención médica”, y estará de vuelta en Quito el próximo 28 de mayo, informaron fuentes oficiales. "Mañana, después del Informe a la Nación, el presidente Guillermo Lasso viajará a Estados Unidos para una intervención médica", informó la oficina de la Presidencia a través de un mensaje en redes sociales. "El domingo 28 de mayo retornará al país. Este viaje se puso en conocimiento de la Corte Constitucional". En la carta enviada por el mandatario al presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Alí Lozada, Lasso explica que se ausentará "por asuntos personales, 24 de mayo en horas de la tarde, al 28 de mayo de 2023”. El mandatario agregó que al tratarse de un asunto no oficial, todos los gastos correrán a su cuenta. Lasso disolvió la Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo bajo decreto, con lo que se han de adelantar las elecciones legislativas y presidenciales. La medida la tomó un día después de presentar su defensa ante la cámara en un juicio político en su contra. El presidente enfrentaba un juicio político por supuesto peculado relacionado con un contrato en la compañía Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). La disolución de la asamblea, evitó esa vía de encausamiento. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Los elegidos en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas servirán hasta el final del mandato actual en 2025. BOGOTÁ — El expresidente de Ecuador Rafael Correa dijo el viernes que su movimiento político reconstruirá el país y abordará la inseguridad si tiene éxito en las elecciones anticipadas de este año, y agregó que espera obtener al menos 50 escaños en la Asamblea Nacional. Las elecciones anticipadas podrían tener lugar el 20 de agosto después de que el presidente Guillermo Lasso, un exbanquero conservador, disolviera el miércoles por decreto la Asamblea Nacional para evitar un intento de los políticos de la oposición de destituirlo. Los elegidos en las elecciones anticipadas servirán hasta el final del mandato actual en 2025, cuando se lleve a cabo la votación programada para presidente y legisladores. "Lo importante es que el gobierno que llegue, al menos el nuestro, será de transición para recuperar el país en el 2025 con la elección y ahí de nuevo volver a esa senda de desarrollo que tuvimos del 2007 al 2017", dijo Correa en una entrevista telefónica con Reuters, en la que agregó que es demasiado pronto para nombrar un candidato presidencial. Un tribunal de Ecuador condenó en 2020 a Correa a ocho años de prisión por un caso de sobornos. Correa, que presidió Ecuador de 2007 a 2017 y vive en Bélgica desde que dejó el poder, ha negado las acusaciones y califica el caso en su contra como uno de persecución política. Su partido, Revolución Ciudadana, tenía 47 escaños en la Asamblea Nacional antes de que Lasso la disolviera. Los exasambleístas de su agrupación se presentarán en la nueva votación, dijo Correa. "Menos de lo que sacamos sería un fracaso", sentenció Correa respecto a su esperanza de sumar 50 escaños en el legislativo, aunque acotó que asegurar una mayoría en la Asamblea Nacional de 137 escaños sería difícil. Lasso optó por recurrir a la 'muerte cruzada' -una peculiaridad constitucional introducida en el gobierno de Correa- que permite al presidente llamar a elecciones tanto para su cargo como para los legisladores bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura están bloqueando el funcionamiento del Gobierno. El asediado Lasso, quien ha dicho a medios internacionales que no se presentará en las próximas elecciones, ahora puede gobernar por decreto, con leyes económicas sujetas a la aprobación de la Corte Constitucional. Cualquier ley emitida por decreto, incluida una medida anterior dictada por Lasso para relajar los controles de armas, sería objeto de los políticos de Revolución Ciudadana en el gobierno o la legislatura, adelantó Correa. "Todo eso hay que derogar, son barbaridades", dijo. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

La Corte Constitucional de Ecuador rechazó el jueves una serie de casos presentados por políticos de la oposición para bloquear la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional, encaminando al país hacia unas elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. El rechazo de la Corte Constitucional de Ecuador a los casos presentados por miembros de partidos de la oposición junto con organizaciones sociales para que fuera declarada anticonstitucional la decisión del mandatario Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional por decreto, allana el camino a unas elecciones anticipadas. "Como consecuencia de la decisión de rechazar las demandas de inconstitucionalidad, también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del Decreto impugnado", dijo la Corte el jueves en un comunicado. Lasso invocó el miércoles la llamada "muerte cruzada", una medida prevista en la Constitución, que permite al presidente convocar a elecciones anticipadas tanto para su cargo como para la asamblea bajo ciertas circunstancias, entre ellas si las acciones de la Legislatura están bloqueando el funcionamiento del gobierno. El mandatario argumentó que al tomar la medida se basó en lo que llamó una grave crisis política y una conmoción interna de Ecuador. “Recordemos que la corte es la guardiana de la Constitución y la Constitución claramente establece que estas causales se verifican a juicio del presidente de la República”, dijo el abogado constitucionalista, Emilio Suárez. El tribunal electoral de Ecuador había dicho también el jueves que las elecciones anticipadas podrían tener lugar el 20 de agosto. En caso de que sea necesario un segunda vuelta, esta se celebraría el 15 de octubre. Tras el fallo de la Corte Constitucional, el tribunal electoral aprobó el inicio del proceso electoral y su titular, Diana Atamaint, dijo que ahora nadie puede obstruir las elecciones. “Los plazos son los que tendrán que regirse en un reglamento especial para esto, por ejemplo, el debate tendremos que hacerlo el día del inicio de la campaña. Nosotros hemos programado que el domingo 15 de octubre sería la segunda vuelta”, dijo Atamaint. Lasso enfrentaba un intento de juicio político por parte de políticos de la oposición por acusaciones de que hizo caso omiso de las advertencias de malversación de fondos relacionadas con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec. El mandatario ha negado las acusaciones. Por el momento, Lasso continuará en el cargo y gobernará por decreto hasta que se elija a su sucesor y una nueva legislatura, de acuerdo con la Constitución de Ecuador. Antes de la decisión de la Corte Constitucional, los legisladores de la Asamblea Nacional disuelta dijeron que respetarían la decisión de la corte, incluso si confirmaba las acciones del presidente. Los elegidos en las elecciones anticipadas solo estarían en sus cargos hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025. Lasso enfrentaba un intento de juicio político por parte de políticos de la oposición por acusaciones de que hizo caso omiso de las advertencias de malversación de fondos relacionadas con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec. El mandatario ha negado las acusaciones. Por el momento, Lasso continuará en el cargo y gobernará por decreto hasta que se elija a su sucesor y una nueva legislatura, de acuerdo con la Constitución de Ecuador. Antes de la decisión de la Corte Constitucional, los legisladores de la Asamblea Nacional disuelta dijeron que respetarían la decisión de la corte, incluso si confirmaba las acciones del presidente. Los elegidos en las elecciones anticipadas solo estarían en sus cargos hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Los legisladores de la Asamblea Nacional disuelta dijeron que respetarán la decisión del Consejo Nacional Electoral, incluso si confirman las acciones del presidente. Ecuador podría celebrar elecciones legislativas y presidenciales anticipadas el 20 de agosto, dijo el jueves la corte electoral, un día después de que el mandatario Guillermo Lasso disolviera por decreto la Asamblea Nacional y adelantara los comicios previstos para el 2025. Lasso invocó el miércoles la llamada "muerte cruzada" de la Constitución, que permite al presidente convocar elecciones anticipadas tanto para su cargo como para la asamblea bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura están bloqueando el funcionamiento del Gobierno. El asediado líder aludió a una grave crisis política y una conmoción interna de Ecuador como razones para tomar la medida, en medio de un juicio político por parte de políticos opositores que lo acusaban de hacer caso omiso a advertencias de una malversación de fondos relacionadas con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec. Lasso ha negado las acusaciones y ha dicho que el contrato fue firmado antes de que asumiera el cargo en mayo del 2021. El mandatario permanecerá en el cargo y gobernará por decreto hasta que se elija a su sucesor y una nueva legislatura, de acuerdo con la Constitución de Ecuador. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dijo al canal local Teleamazonas que la votación se fijaría para el domingo 20 de agosto, según un cronograma preliminar y de conformidad con las leyes locales, y agregó que la fecha debe ser aprobada por el pleno del tribunal. Si hay una segunda vuelta para elegir presidente, podría celebrarse el 15 de octubre, dijo Atamaint. Asamblea pide ser restituida por orden constitucional Los políticos de la oposición esperan que la Corte Constitucional, el máximo tribunal de Ecuador, se pronuncie rápidamente para bloquear la disolución decretada por Lasso, que han calificado de ilegal. Los legisladores de la Asamblea Nacional disuelta dijeron que respetarán la decisión de la corte, incluso si confirma las acciones del presidente. "Hay una probabilidad bastante alta de que el decreto sea declarado inconstitucional y que la Asamblea vuelva a sus funciones y vuelva al juicio político (a Lasso)", dijo el político opositor Esteban Torres. Los elegidos en las elecciones anticipadas solo estarían en sus cargos hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025. El extitular de la cesada Asamblea, Virgilio Saquicela, explicó el jueves a The Associated Press que presentó una demanda personal ante ese tribunal argumentando que el decreto con el que Lasso disolvió la Asamblea no es congruente ya que no había en el país conmoción social. Lasso disolvió la Asamblea la víspera cuando ésta tramitaba un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos públicos. La decisión se sustentó en un artículo de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver al Legislativo por una sola vez por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. “Requerimos, demandamos de la Corte Constitucional un pronunciamiento inmediato”, destacó Saquicela, quien pidió al tribunal que se pronuncie en un plazo máximo de dos días. A su vez sostuvo que fueron presentadas otras dos demandas: una del Partido Social Cristiano (PSC) y otra de la fuerza indígena Pachakutik. Pero el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, argumentó en rueda de prensa que el decreto de disolución de la Asamblea queda “a juicio, criterio, discrecionalidad y fundamentación del jefe de Estado” y que no requiere la aprobación de ningún organismo. El abogado y analista electoral Medardo Oleas explicó a AP que cuando se declare abierto el período comicial la máxima autoridad será el Consejo Nacional Electoral y de acuerdo con la norma constitucional “ninguna autoridad podrá interferir en la realización del proceso”. Agregó que si la Corte Constitucional interfiriera con algún dictamen sus integrantes “podrían ser destituidos”. Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el inicio de su mandato tuvo que afrontar una fuerte oposición legislativa liderada por una mayoría del partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017). [Con información de Reuters y AP] Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Las situaciones de los dos países tienen marcadas diferencias que se basan en el contenido de sus constituciones, las actuaciones tanto de Lasso como de Castillo y la respuesta de las Fuerzas Militares. BOGOTÁ — Han pasado tan solo cinco meses desde el anuncio de Pedro Castillo de disolver el Congreso de Perú para que, en América Latina, otro presidente, el ecuatoriano Guillermo Lasso, tomara la misma decisión. No obstante, existen grandes diferencias entre la situación en ambos países. En principio, hay una diferencia constitucional “de forma y de método, pues en Ecuador el mandatario puede actuar de manera inmediata cuando lo considere necesario, mientras que en Perú el presidente debe surtir un proceso administrativo, operativo y de orden legal”, explicó el analista internacional Luis Alberto Villamarín a la Voz de América. En Ecuador, Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, acudió a una acción amparada por la Constitución de su país -contemplada en el 2008- por “grave conmoción interna y política”, según dijo. Esta deja a criterio del mandatario el disolver la Asamblea Nacional, siempre y cuando se cumplan ciertas circunstancias. Una de ellas es que las acciones de la Legislatura bloqueen el funcionamiento del gobierno. Al decretar disolución del Legislativo, a través de la denominada “muerte cruzada”, se deben celebrar elecciones generales anticipadas, poniendo el mandatario así también en juego su futuro político, con el fin de renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Por el momento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto, con el control de la Corte Constitucional. En el caso peruano, el expresidente Castillo, quien estaba a punto de que se aprobara un juicio político en su contra, disolvió el 7 de diciembre el Congreso, anunció que gobernaría por decreto e instauró un gabinete de emergencia nacional. En este sentido, acudió a una de sus facultades, respaldado por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que apunta a que “el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”. Como antecedente, el 11 de noviembre pasado, el Congreso de Perú se negó a atender una moción de confianza y el gobierno de Castillo la asumió como rechazada, con lo cual necesitaría solo una segunda negativa. No obstante, un día antes de la disolución, el Tribunal Constitucional peruano informó que aún no estaba de acuerdo con interpretar si eran cuestión de confianza las solicitudes previas y que Castillo estaba imposibilitado de cerrar el Parlamento. Para Germán Sahid, catedrático de la Universidad del Rosario, lo que sucedió en Perú “fue ilegal”, mientras que el caso en Ecuador es “legal”. El presidente Castillo, “de manera abusiva, y contraria al orden constitucional, anuló una rama del poder público, y eso es contrario al espíritu democrático de la Constitución peruana. En el caso de Ecuador, el presidente tiene la potestad de anular las dos ramas del poder público”, explicó el analista a la VOA. “Suicida al Congreso y se suicida él, por así decirlo, entonces políticamente queda el equilibrio de poderes”, observó el experto. En síntesis, agrega Héctor Galeano, internacionalista y catedrático del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, en Colombia, la gran diferencia “es que hay un soporte constitucional que Lasso tiene para hacer este procedimiento” que Castillo no “cumplió”. Apoyo de las Fuerzas Militares Sahid recalcó a la VOA que la función de las fuerzas militares, “en cualquier país democrático, es defender la Constitución. Son las guardianas del orden constitucional y, sin atender a discursos políticos, sin ser beligerantes, son las que equilibran y terminan dando legitimidad o ilegitimidad a alguna acción del gobierno”, en países como Perú y Ecuador. En el caso de Perú, opositores del expresidente y expertos constitucionales aseguraron que la acción de Castillo se trataba de un “golpe de Estado”. Por su parte, las Fuerzas Militares le dieron la espalda al expresidente, en lo que denominaron un autogolpe, y mostraron su respaldo a la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ecuatorianas, por su parte, aseguraron que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba consagrada en la Constitución. Para el académico de la Universidad del Rosario, en Ecuador, las Fuerzas militares hablaron para “demostrar que es legal lo que hizo el presidente Lasso y dos, para contener cualquier eventual subversión o manifestación ciudadana de algún elemento subversivo de Ecuador que quisiera aprovechar esta situación de anulación de ramas del poder público para generar desórdenes o rupturas institucionales en el Ecuador”. En el caso del Perú, dice Sahid, “ante la incertidumbre de esa actuación y si eventualmente la acción de Castillo hubiera tenido legitimidad de la ciudadanía”, las fuerzas militares equilibraron “la balanza”. Diferentes destinos Los destinos de los mandatarios es muy diferente, según los analistas. Para Villamarín, las diferencias entre ambos están relacionadas con la gran ventaja que le lleva Lasso a Castillo frente a idoneidad gerencial, nivel cultural, conocimiento sociopolítico del país, relaciones con el sector productivo, mayor confianza de la Casa Blanca, relaciones respetuosas con las instituciones armadas, seguidores políticos mejor estructurados, relativa mejor relación con los medios y capacidad gubernamental, entre otros aspectos. Otro componente, agrega Galeano, es que además de que “Castillo cometió un error, la actual presidenta de Perú “se ha apoderado del asiento presidencial y no ha convocado a unas elecciones”. En Ecuador, agrega, se pueden dar varias lecturas. Primero Lasso “tiene un resorte constitucional y eso es incuestionable”. La otra es que algunos sectores del correísmo lo critican porque consideran que su jugada le permitió “evadir lo que parece que era una inminente destitución”. Otra interpretación que hace Galeano es que “el correísmo está obteniendo un triunfo” si Lasso sale del poder, pero tendría el reto de solventar el año largo que le queda de mandato. No obstante, para el analista Villamarín, aunque Lasso cuenta con el respaldo de las Fuerzas Militares y de la Policía, no es garantía de “que la izquierda continental, el narcotráfico y opositores de oficio que abundan en Ecuador, no convoquen a protestas callejeras exigiendo la salida del mandatario”, generando desmanes y violencia, y una “inevitable crisis de gobernabilidad en la que Rafael Correa buscará aparecer como el Mesías salvador, que fue víctima de la derecha que representa Lasso”. Hasta el momento, lo cierto es que el expresidente Castillo está recluido en el penal de Barbadillo, mientras es investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración por intentar un “golpe de estado” para establecer un gobierno de excepción. En cuando a Lasso, continúa presidiendo Ecuador hasta que se celebren las elecciones para elegir el próximo presidente y miembros de la Asamblea Nacional ecuatoriana. Gracias a Voz de América Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.