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¿Qué medidas de seguridad votarán los ecuatorianos este domingo?

Los ecuatorianos acuden a las urnas este domingo 21 de marzo para avalar o rechazar 11 preguntas sobre seguridad, planteadas en un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para hacer frente a la espiral de violencia que abate al país.

Imagen Ilustrativa.
Imagen Ilustrativa.

QUITO — Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo para votar en un referendo propuesto por el presidente del país, Daniel Noboa, quien ha pedido a los votantes que aprueben medidas para hacer frente a la espiral de violencia.


Si bien las encuestas recientes sugieren que la mayoría de los ecuatorianos planean votar a favor de las 11 preguntas, los detractores dicen que el referendo es innecesario y permitirá a Noboa impulsar otras áreas de su agenda mientras citan la necesidad de aumentar la seguridad.


¿Qué incluye el referendo?

Las 11 preguntas se refieren principalmente a la seguridad. Una pide a los votantes que permitan que los militares patrullen con la policía, mientras que otras permitirían la extradición de criminales acusados y aumentarían las penas de cárcel por delitos como terrorismo y asesinato, entre otros temas, si se aprueban.



Otra medida permitiría contratar a los trabajadores por horas, mientras se plantea reconocer el arbitraje internacional en conflictos empresariales.


Cinco de las preguntas modificarían la Constitución de Ecuador si fueran aprobadas por los votantes, mientras que las restantes tendrán que tramitarse en la Asamblea Nacional para su vigencia.


Los detractores dicen que las medidas económicas conducirían a una disminución de los derechos de los trabajadores y beneficiarían excesivamente a las empresas internacionales.

La votación es una medida de la confianza de los votantes en la gestión de Noboa, según encuestadores y analistas.


Sondeos recientes revelaron que una mayoría de los votantes planean aprobar las preguntas.

Noboa ha dicho que la aprobación de las medidas es vital para combatir el crimen y reforzar la seguridad en Ecuador, donde los homicidios y otros delitos se han disparado.


¿Por qué la seguridad ha empeorado en Ecuador?

La seguridad en Ecuador ha empeorado desde la pandemia de coronavirus, que también afectó a la economía de la nación andina y el gobierno culpa al creciente alcance de las bandas de traficantes de droga, que han desestabilizado franjas de América del Sur.


El número de muertes violentas aumentó a 7.994 en 2023, según la policía, casi dos tercios más que la cifra de 2022.


La violencia pasó a la arena política el año pasado cuando el candidato presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio fue asesinado.


Además, al menos 22 funcionarios locales han sido asesinados en todo el país desde el año pasado, según la Asociación de Municipales Ecuatorianas (AME), mientras decenas más han buscado protección policial.


Dentro de las cárceles de Ecuador, las bandas delictivas se han aprovechado del débil control del Estado para expandir su poder. La violencia penitenciaria se ha vuelto cada vez más común, provocando cientos de muertes en incidentes que las autoridades han atribuido a batallas entre bandas por el control de las cárceles.


¿Cómo ha abordado el gobierno el problema?

Noboa, de 36 años, asumió el poder en noviembre y ha estado promocionando su "Plan Fénix" de 800 millones de dólares para construir una nueva unidad de inteligencia, suministrar armas tácticas a las fuerzas de seguridad, construir nuevas prisiones de alta seguridad y reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos.


Noboa declaró a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, allanando el camino para que los militares realicen operaciones contra ellos.


Las operaciones han continuado en virtud de un decreto presidencial, incluso después del fin de un estado de emergencia de 90 días a principios de este mes.


Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas conjuntas de seguridad llevaron a cabo 272.000 operaciones durante el estado de emergencia que comenzó el 9 de enero.


En febrero, Noboa ganó un aumento legislativo del IVA para financiar el gasto en seguridad.



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